Ayer, como cada 9 de agosto desde 2007, se ha recordado el Día Nacional de la Solidaridad con las Víctimas de Agresiones Sexuales y en Contra de la Violencia Sexual. Como es habitual en estas ocasiones, las instituciones vinculadas con la temática publicaron estadísticas que muestran lo mal que está la sociedad en este aspecto, pero se habló poco de prevención y reparación.
La Ley 3773, que da origen a la conmemoración con el objetivo de sensibilizar a la población sobre la importancia de prevenir y luchar de manera frontal contra el abuso sexual en niños, niñas y adolescentes, establece en su artículo segundo que los medios de comunicación social del Estado y otros deben “informar y sensibilizar permanentemente a la sociedad civil, sobre las causas, consecuencias y además de las políticas de prevención sobre la violencia sexual”.
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Evidentemente, mostrar cifras alarmantes no es suficiente para siquiera frenar estos delitos; sin embargo, el Ministerio Público mostró en la víspera que entre 2018 y 2022, el número de denuncias por violencia sexual tuvo un incremento de 90%; según la Fiscalía, se estima que a diario hay 30 nuevas denuncias; en alrededor del 80% de los casos las víctimas son menores de edad y, lo que es peor, los crímenes ocurren en el entorno familiar.
Asimismo, se informó que solo en La Paz, en los primeros siete meses de 2023, se registraron 5.884 denuncias de violencia sexual, entre abuso sexual, violación y otros delitos de esta naturaleza cometidos contra mujeres, niñas, niños y adolescentes. La directora de la Coordinadora de la Mujer sospecha, y con razón, que esos números escandalosos son apenas una parte, a causa del subregistro; añade que la revictimización y la retardación de justicia son los principales obstáculos que encuentran las víctimas y que a menudo las inhiben de hacer la denuncia.
La ya nombrada Ley 3773 encomienda en su artículo tercero al Órgano Ejecutivo, las gobernaciones departamentales y los gobiernos municipales “promover, gestionar y evaluar la formulación e implementación de políticas de prevención y atención integral de la violencia sexual a niños, niñas y adolescentes, para disminuir los índices de violencia sexual”. Un somero examen demostraría que en el mejor de los casos las defensorías de la mujer y la niñez en cada ciudad cumplen con el trabajo de atender y dar seguimiento a las denuncias hasta lograr sanciones contra los perpetradores, pero desafortunadamente no mucho más.
Tiene que llegar un momento en que el Estado (y no solo el Gobierno nacional) asuma su responsabilidad en esta temática, que no solo causa heridas en las personas, sino que provoca traumas que terminan por afectar el orden social, la vida en comunidad, por la impunidad de unos y por los traumas de otras. Seguir haciendo declaraciones altisonantes, creando comités y comisiones que hablan mucho y hacen poco, significa seguir condenando a mujeres, niñas, niños y adolescentes a ser víctimas del lado más oscuro del patriarcado, y terminar engrosando las estadísticas de la vergüenza.
