El martes, Bolivia ha recordado 41 años de la recuperación de la democracia después de casi tres décadas de sangrientas dictaduras (y un interregno de casi un año en 2020). Lo que hasta hace unos años era motivo de celebración y promesas una y otra vez repetidas de no permitir nuevamente tales circunstancias es hoy motivo de preocupación, pues las promesas ya no suenan sinceras.
La democracia, como la conocemos, está hoy bajo asedio permanente de facciones y líderes con claras inclinaciones autoritarias. Fue evidente entre 2019 y 2020, cuando la presidencia fue tomada de forma inconstitucional, dejando en Palacio Quemado habitantes decididos a descomponer muchos de los avances en materia de derechos, incluso mediante el uso de la fuerza.
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Quienes participaron de la aventura inconstitucional hoy son miembros o líderes de organizaciones políticas con presencia parlamentaria, que sin embargo poco pueden decir de su preferencia por el “gobierno del pueblo”, pues son constantemente denunciados por los propios militantes por imponer decisiones tomadas de manera inconsulta y autoritaria.
El partido en función de gobierno se muestra dividido, y sus dirigentes y militantes parecen más preocupados por la candidatura presidencial, que no debería ser tema sino hasta 2025, que por una gestión que sea lo suficientemente eficaz como para merecer una nueva reelección. Lo sucedido días atrás en el congreso nacional del partido es apenas evidencia de la incapacidad para promover el diálogo, la deliberación y la construcción de acuerdos y planes fundamentales para gestionar la cosa pública.
Ese estado de cosas ha dejado al Órgano Legislativo prácticamente paralizado y sin horizonte. La imposibilidad de dar curso a la elección de magistrados a través de instrumentos normativos indicados en la Constitución y las leyes es el mejor ejemplo de cómo este órgano ha dejado de servir a los objetivos democráticos. La pugna por las directivas camarales y de comisiones será apenas más leña para un fuego que arde vigoroso.
Esta parálisis ahondará aún más la crisis terminal del Órgano Judicial, incapaz hace ya mucho tiempo de garantizar a la ciudadanía el debido acceso a la justicia. En ese contexto, nadie que hable de vocación democrática tendrá credibilidad, pues por ahora es un campo abandonado a la lenidad o formas peores de corrupción, que lastiman en primer lugar a quienes son más necesitados.
Así, el Estado se muestra, en todos sus niveles gubernativos, incapaz de cumplir a cabalidad sus obligaciones referidas a la vigencia y protección de los derechos humanos; y las iniciativas privadas, numerosas y virtuosas en muchos casos, encuentran su límite en un Estado deseoso de tener monopolio del poder a cualquier costo.
El resultado es una sociedad polarizada y sin esperanza en el futuro inmediato, que muestra cada vez menos aprecio por los valores de la democracia y más inclinación por el “sálvese quien pueda”. Es imperioso, pues, encontrar cauces para recuperar y practicar esos valores democráticos; y si los políticos en ejercicio no pueden o no quieren, debe ser la sociedad que lo haga. Pero, ¿será posible?
