El lunes último, en Sucre, el Fiscal General del Estado anunció la decisión de acusar formalmente a la expresidenta Jeanine Añez y otras 17 personas por el delito de genocidio, asociado a las masacres de Sacaba y Senkata, cometidas días después de que en cuestionados actos legislativos se proclamase presidenta del Senado, primero, y Presidenta del Estado, después. Hay polémica para rato.
La primera de ambas masacres ocurrió el 15 de noviembre, en el puente de Huayllani, en el municipio de Sacaba, en Cochabamba: un contingente militar y policial apostado en ese puente, usó gases y balas para reprimir a los movilizados, una nutrida columna que exigía “respeto a la democracia”. Cuatro días después, en Senkata, una populosa zona de El Alto, nuevamente los militares dispararon contra un grupo de manifestantes que impedían la salida de cisternas y camiones con garrafas de gas de la planta engarrafadora que allí se levanta.
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En total, 20 personas perdieron la vida, sin que los entonces gobernantes, la Iglesia Católica o la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia manifestaran siquiera pena por las personas muertas o los familiares que les sobrevivieron. Los medios de comunicación alineados con el gobierno se prodigaron en interpretaciones y explicaciones para justificar los asesinatos. La única explicación válida es que el gabinete de ministros había aprobado días antes el Decreto Supremo 4078, que eximía a militares y policías de responsabilidades penales por el posible uso desmedido de la fuerza.
Tuvo que ser un Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), enviado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para investigar ambos casos, el que pusiera los puntos sobre las íes, calificando ambas actuaciones como “masacres” y desvirtuando las delirantes explicaciones que los ministros de Gobierno y de Defensa repetían una y otra vez, tratando de culpabilizar a las víctimas.
Casi cuatro años después, la Fiscalía General, encabezada por el mismo fiscal que ostentó el cargo durante el gobierno transitorio, tras haber acumulado 450 pruebas documentales, 25 dictámenes periciales, 11 informes técnicos de investigación, además de 126 entrevistas a miembros las Fuerzas Armadas, 30 entrevistas de efectivos policiales, 50 entrevistas a víctimas y ocho a funcionarios de YPF, decidió acusar formalmente a la expresidenta, detenida desde 2021, a tres de sus ministros y a todos los jefes militares y policiales de su gobierno, según lo que indica el artículo 138 del Código Penal.
Sin embargo, el proceso no será sencillo ni mucho menos, no solo por la gravedad de los crímenes que se juzgan, sino sobre todo por el hecho que la expresidenta no gozará de juicio de responsabilidades, sino un proceso ordinario, en gran medida debido a que la oposición parlamentaria lo ha impedido, para beneplácito del oficialismo, que no le reconoce legitimidad alguna al gobierno transitorio. El resultado, probablemente, será una sentencia cuestionable que no dará justicia, ni mucho menos reparación, a las víctimas de ambas masacres.
