Cuando mucha gente creyó que el conflicto por la imposibilidad de celebrar las elecciones de autoridades del Órgano Judicial no podía empeorar, los miembros del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) salieron por sus fueros y mediante una declaración constitucional decidieron que extienden su mandato mientras “no sean elegidas y posesionadas las nuevas autoridades judiciales”.
Esperada desde fines de septiembre, cuando fue admitida una consulta del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), que a su vez había sido consultado por la Cámara de Diputados sobre un proyecto de ley de convocatoria a elecciones de tribunos y magistrados aprobado por la Cámara de Senadores, la Declaración Constitucional 0049/2023 establece la inconstitucionalidad del recién nombrado proyecto de Ley 144, dispone que “no se puede delegar a los funcionarios subalternos la transición a partir del 2 de enero (de 2024)” e instruye “la prórroga de mandato de las autoridades del Órgano Judicial y Tribunal Constitucional Plurinacional en actual ejercicio, de manera excepcional y temporal, hasta que se elijan y posesionen a las nuevas autoridades”.
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Previsiblemente, la decisión provocó una tormenta de respuestas, la mayor parte expresando indignación y unas pocas, desde el lado del oficialismo afín al Presidente del Estado, a favor de la determinación o al menos reconociendo que, guste o no, es de “obligado cumplimiento”. Sin embargo, al parecer, tal obligatoriedad no proviene más que de una interpretación, discutible, de la declaración constitucional, de la propia Constitución Política del Estado y de las leyes conexas con el caso.
En la vereda de quienes deploraron la salida del TCP se encuentran los expresidentes Morales, Rodríguez y Mesa, que coincidieron en que el TCP excedió sus competencias y que se trata de un “golpe” o “atentado” a la democracia. Más preciso, el también expresidente de la Corte Suprema Eduardo Rodríguez afirmó que el TCP “no aseguró vigencia de Derechos y Garantías Fundamentales al coartar el derecho ciudadano de conformar el Órgano Judicial”.
Desde la Asamblea Legislativa también expresaron su repudio varios representantes de los tres partidos con presencia en ese órgano del Estado. Las declaraciones coincidieron en señalar que se trata de un golpe a la democracia aprovechando el vacío de poder que se creará a partir del 2 de enero, y desde la oposición se afirmó que detrás de la polémica decisión está el Gobierno, que busca beneficiarse con esta inédita circunstancia.
Aunque previsible, esta salida no estaba en los cálculos de la mayoría, y no hace sino agregar peso a un órgano del Estado sumido en una espiral descendente que pareciera no tener fin. Mientras tanto, la seguridad jurídica, el derecho a acceder a la justicia y muchos otros están severamente amenazados ante la mirada indolente de quienes, desde el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial debieron haber hecho todo lo que estaba a su alcance para evitar el incómodo momento. A nadie sorprenderá que en el futuro se multipliquen las posposiciones de juicio de responsabilidades contra unos y otros.
