Luego de 363 días desde su arresto en bizarro operativo y 361 desde que fuese ingresado en el penal de Máxima Seguridad de Chonchocoro, el Gobernador de Santa Cruz ya tiene una acusación formal de parte de la Fiscalía y puede ser sometido a juicio oral, en el marco del caso Golpe de Estado I. El también expresidente cívico cruceño comparte acusación con otras siete personas.
Se trata del proceso iniciado a fines de 2020 por la exdiputada Lidia Patty, del Movimiento al Socialismo (MAS), contra el entonces candidato a gobernador y otras personas asociadas con el estado de convulsión social, seguido de motín policial y amenazas disfrazadas de “sugerencias” de las Fuerzas Armadas, que forzaron la dimisión del entonces presidente constitucional Evo Morales.
Lea también: Receso y desacuerdos
Luego de casi un año de investigación, el Ministerio Público determinó que, solo por su participación en el señalado caso, el Gobernador cruceño es presunto autor de los delitos de terrorismo, financiamiento al terrorismo, cohecho activo, seducción de tropas, instigación pública a delinquir, asociación delictuosa y uso indebido de bienes y servicios públicos. El fiscal Omar Mejillones, a cargo del caso, indicó que la Fiscalía pidió 20 años de cárcel para el acusado. En otros procesos, también pendientes, el Gobernador deberá afrontar más acusaciones, relacionadas con el ejercicio de su cargo.
Coimputados con Camacho están el exministro de Defensa Luis Fernando López, y los excomandantes Williams Kaliman, de las Fuerzas Armadas, y Yuri Calderón, de la Policía, acusados por el delito de terrorismo. En calidad de cómplices, aparecen nombrados la expresidenta transitoria Jeanine Áñez, el excívico potosino Marco Pumari; Jorge Fernández, exinspector de las Fuerzas Armadas y el excomandante militar Carlos Orellana.
En contra de los argumentos de inocencia del procesado y sus coimputados y cómplices, pesa el conjunto de actuados del proceso, que incluyen la admisión de culpa de otras seis personas también investigadas, que merecieron juicio abreviado y sentencias muy leves: Álvaro Coímbra y Rodrigo Guzmán, exministros de Justicia y de Energías; Pastor Mendieta, excomandante del Ejército; Palmiro Jarjury, excomandante de la Armada; Jorge Terceros, excomandante de la Fuerza Aérea y Flavio Arce San Martín, exjefe del Estado Mayor.
En tan adversas circunstancias, la movilización organizada para hoy en Santa Cruz de la Sierra, apoyada por algunos sectores de la “institucionalidad” cruceña, pero no todos, parece más un acto de simpatía que un movimiento capaz de movilizar la opinión y las conductas de una población que hace casi tres años le dio el poder departamental a Camacho, pero probablemente hoy se la pensaría mejor.
Para el Gobierno, el caso, con todos sus contornos, es un triunfo, pues a la vez que da una señal de no impunidad, atrae la atención pública y la aleja de otros asuntos menos confortables, comenzando por el intolerable desorden en el que funciona la Asamblea Legislativa Plurinacional.
