A simple vista, la decisión del presidente de Ecuador, Daniel Noboa, de dictar estado de excepción e iniciar una guerra al crimen organizado en ese país, responde a una ola de violencia desencadenada por la fuga de un peligrosísimo capo de la droga de un penal en Guayaquil el fin de semana, pero basta con mirar un poco por debajo de la superficie para descubrir un problema estructural.
En efecto, la fuga, el 7 de enero, de José Adolfo Macías Villamar, alias Fito, cabecilla del grupo de Los Choneros, desencadenó una ola de ataques terroristas, si es que ola puede llamarse a algo que ocurre con demasiada frecuencia desde hace años. Pero también coincidió con la fuga de Fabricio Colón Pico, capo de Los Lobos, la organización rival a la del primer evadido, enviado a la cárcel de Riobamba cuatro días antes.
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Los medios de comunicación dieron gran visibilidad al secuestro de los periodistas y demás trabajadores de un medio televisivo de Guayaquil, transmitido en vivo pues ocurrió a la hora del noticiario, y sin embargo fue apenas uno de muchos atentados perpetrados el mismo día en al menos ocho ciudades del país. Ecuador está sumido en un estado extremo de descontrol de la seguridad, lo cual explica que tenga la tasa más alta de asesinatos en Sudamérica. Guillermo Lasso, el antecesor del actual mandatario, que apenas lleva 50 días en el cargo, aplicó el estado de sitio 20 veces en apenas dos años y medio, por las mismas causas.
La declaración del Presidente ecuatoriano, el martes, de “conflicto armado interno” y ayer que “hay una guerra” contra las mafias, implica la declaratoria de 22 grupos de delincuencia organizada como terroristas y la orden a las Fuerzas Armadas de ejecutar operaciones militares para neutralizarlos; la instrucción llegó además con promesas de “amnistía e indulto” para los uniformados que ejecuten acciones antiterroristas, con todos los excesos que ello implica. Como siempre, estas circunstancias terminan por lesionar los Derechos Humanos.
Parte de la crisis de seguridad tiene que ver con el sistema penitenciario del Ecuador, en el que las prisiones son controladas por las mafias del narcotráfico con la cómplice corrupción de las autoridades gubernamentales a cargo. Desde allí los cabecillas de las bandas criminales dirigen y ordenan asesinatos, atentados, extorsiones y gestionan la logística del tráfico de drogas. Por eso es especialmente llamativa la evasión de los dos mayores capos del negocio.
Queda, en todo caso, la certeza de que una crisis como la que afecta hoy a Ecuador es fruto de años de descontrol. Allí donde la opinión pública se ocupaba de la pelea entre correístas y anticorreístas, estaban medrando en secreto, sin ser vistas por las autoridades ni por el periodismo, las mafias del narcotráfico, teniendo al frente un Estado con más recursos para disimular los desaciertos, cuando no derrotas, que para poner freno al avance de las grandes operaciones delictivas y la corrupción asociada. Hay, pues, mucho que aprender de lo que está pasando en el vecino país.
