El inicio de bloqueos camineros por parte de sectores afines al expresidente Evo Morales, exigiendo la renuncia de los magistrados del Órgano Judicial “autoprorrogados”, está llevando al país a una circunstancia no vista desde hace tres lustros. La pregunta, hoy como entonces, es ¿cuál es el verdadero efecto de las medidas de presión que se ejercen a costa de vulnerar derechos?
Al margen de los discursos de quienes organizan y ejecutan la movilización, fue el Defensor del Pueblo el primero en reconocer el derecho humano a la protesta, además de demandar al Gobierno que lo respete, instruyendo a las fuerzas del orden que observen la proporcionalidad al intervenir en los puntos de conflicto, y que actúe restituyendo el derecho de la población boliviana a elegir a sus autoridades del Judicial.
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Nada dice, sin embargo, el Defensor del Pueblo sobre los derechos del resto de la población que resultan vulnerados con los bloqueos de carreteras, comenzando por el más elemental de todos: el de libre tránsito. Vuelve, así, el país a los tiempos cuando se discutía qué derechos tienen prioridad por encima de otros, y qué grupos de la población tienen prioridad a la hora de gozarlos. Es una discusión retórica, por supuesto, como lo era en los mejores momentos del neoliberalismo.
Por lo pronto, el Gobierno ha respondido durante las tres primeras jornadas de bloqueo con aparente calma: sin intervención policial, para evitar denuncias de excesos y violencia estatal, y más bien señalando el enorme costo que la medida tiene para el país: $us 128 millones diarios. Los gremios de empresarios coinciden con el reclamo y manejan una cifra de pérdidas muy parecida. Nada nuevo hay en el uso de este tipo de argumentos para descalificar la protesta.
En el ámbito político tampoco hay nada nuevo. Representantes del oficialismo, en el Ejecutivo, en el Legislativo e incluso en los movimientos sociales afines al presidente Arce coinciden en culpar al expresidente Morales por el tenso momento, sobre todo porque todos los indicios señalan que el verdadero motivo detrás de la protesta es la presunta inhabilitación del exmandatario para postular nuevamente a la presidencia. En el lado de la oposición, las declaraciones parecen tomadas de un manual.
Se trata de un retroceso o, si se prefiere, de un retorno cíclico a los tiempos en que el Estado carecía de fuerza, pero sobre todo de razón, para contener la movilización popular y la política en las calles. Con una diferencia fundamental: entonces se buscaba una transformación estructural, mientras que hoy es un par de artículos de la Constitución Política lo que molesta a los impulsores de la protesta, que son los mismos que impulsaron el debate constituyente entre 2006 y 2008. Queda, pues, la sensación de que los bloqueos sirven para mostrar al Gobierno debilitado y al impulsor de las protestas como quien ha perdido por completo la noción del bien común. Del proceso de cambio, hoy no queda más que el slogan.
