Para los analistas políticos Manuel Mercado y Ricardo Paz el “caso maletas” volvió a poner en evidencia la fragilidad de las instituciones del Estado y las debilidades en la comunicación oficial frente a estos hechos.
En entrevista con Piedra, Papel y Tinta de La Razón, Mercado indicó que, más allá de la responsabilidad que establezca la investigación, “es importante analizar cuáles son las condiciones en las cuales está en este momento el aparato estatal del Estado boliviano. Porque cada vez vamos viendo que resulta relativamente fácil burlar controles aduaneros, burlar controles aeroportuarios, saltarse una serie de procesos y procedimientos de migración”.
Para Mercado, la gravedad del caso no radica únicamente en la presunta carga ilegal, sino en la presencia del sistema público en estos hechos, que refuerzan la sensación de vulnerabilidad institucional.
Silencio institucional
Desde otro enfoque, Paz cuestionó la estrategia de silencio adoptada por el Gobierno y las instancias judiciales. En su criterio, “siempre hay que responder, la transparencia y enfrentar las cosas siempre rinde más que la opacidad, que dejar paso a la especulación. Es mejor siempre tener una palabra oficial. Ese es mi punto de vista”.
La semana pasada se conoció el caso de 31 maletas que en noviembre de 2025 ingresaron al aeropuerto internacional de Viru Viru sin control aduanero. Cuatro días después, salieron del lugar sin revisión y terminaron en un galpón donde la Policía halló droga y armas. Por este caso están aprehendidos la exdiputada Laura Rojas, quien llegó con las maletas; y, el juez Hebert Zeballos, dueño del galpón.
Paz, también observó irregularidades en el uso del pasaporte diplomático. Según la investigación, Rojas utilizó el pasaporte diplomático el 29 de noviembre, cuando ya había vencido su gestión como legisladora. Este, según el Gobierno, ya estaba anulado. Además, está la normativa que establece que las autoridades salientes deben permanecer en el país por un lapso de tres meses (90 días) posteriores a la finalización de su mandato o cese de funciones. Esta prohibición es la Ley N° 1352 de Permanencia Obligatoria en Territorio Nacional.
“Yo también manifiesto, por supuesto, como todos, mis dudas de que hayan estado trayendo droga a Bolivia (como se había especulado). No ese es, digamos, el corredor más usual. En fin, hay muchísimas cosas que hay que aclarar al respecto”, indicó.
Falla de comunicación
Mercado señaló que esta ausencia de información oficial representa a una falla estructural en la comunicación del Estado. En su criterio, al actual Gobierno le faltan dos elementos que son: “una guía clara, respecto a un objetivo comunicacional; y, una estructura y dinámica de comunicación que sea coherente y consistente”.
Mientras para Paz, lo que falla está en la ausencia de una estrategia comunicacional del Órgano Judicial. “La Fiscalía, los jueces, etc. Prácticamente no hay una manera establecida, un protocolo, etcétera, para mantener informada la población y eso genera muchísima especulación”, añadió.
