La búsqueda de cadáveres continuó ayer en San Fernando, a 160 km de la frontera mexicana con EEUU, donde este mes fueron halladas fosas con 126 cuerpos, en tanto el Gobierno, que culpa al cártel de Los Zetas, detuvo a 16 policías por posible complicidad.
Además de los 16 policías del municipio de San Fernando, también «han sido detenidas 17 personas que participaron en la ejecución», según dijo la fiscal general de México, Marisela Morales, que lleva menos de una semana en el cargo.
Morales, que venía de dirigir la fiscalía antidrogas, anunció recompensas por cuatro líderes del grupo que cometió la masacre, «todos ellos miembros de la organización delictiva de Los Zetas», un grupo creado en los años 90 por militares que desertaron para trabajar con el Cártel del Golfo.
Ayer también llegaron a Ciudad de México un total de 70 cadáveres enviados desde la morgue de Matamoros. Los restos mortales, cuyas autopsias ya han sido realizadas, serán mantenidos en una morgue hasta su identificación, dijo una fuente del Tribunal de Justicia del que depende el servicio forense.
El propósito del traslado es garantizar condiciones para conservar los cuerpos y facilitar la realización de pruebas, entre ellas las de ADN, para tratar de establecer si entre ellos se hallan algunos de los 136 mexicanos cuyos familiares han denunciado su desaparición los últimos tres meses cuando viajaban por Tamaulipas.
