Un equipo especial trabaja en el ‘seguimiento y rastreo’ de los policías de diferentes unidades operativas para identificar y, posteriormente, sancionar y echar de la institución a los uniformados comprometidos con delitos, como el narcotráfico o crímenes, se informó oficialmente.
La información la proporcionó el viceministro de Defensa Social, Felipe Cáceres, quien explicó que el objetivo es encarar una depuración y limpieza de los malos elementos de la institución del orden. Este trabajo se inició hace dos meses y en 20 días se anunciará los primeros resultados.
El «rastreo» se realiza en las diferentes unidades de la Policía Boliviana, entre ellas citó a la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN), a la Dirección Nacional de Prevención y Robo de Vehículos (Diprove) y al Control Operativo Aduanero (COA). «Tenemos unidades de élite especializadas (en estas tareas)», dijo.
El presidente, Evo Morales, y el vicepresidente, Álvaro García, instruyeron esta purga policial. «Tendremos novedades (en breve) para hacer una limpieza de aquellos malos policías, quienes están inmiscuidos en delitos o crímenes…El reto del Viceministerio de Defensa Social, de la Policía y del Gobierno es depurar a estos malos policías», aseguró la autoridad.
La información se da siete días después del secuestro de William Rosales Suárez y el asesinato de seis de sus guardaespaldas, tres bolivianos y tres serbios, en San Ramón, Santa Cruz. En este caso fueron vinculados policías en servicio pasivo y activo de diversa graduación.
El teniente Dagner Paz, procesado por deserción, es acusado de ejecutar a los guardaespaldas. Además de Paz, fueron involucrados un ex teniente de apellido Rioja, el ex capitán Orlando Araujo y un policía con el sobrenombre de Masaco. El cabo Diego Guardia Vía es uno de los asesinados.
«A estas personas (policías vinculados con hechos ilícitos) hay que alejarlas de la institución. Institución como nuestra Policía dota de seguridad a la sociedad civil. Necesitamos policías honestos, que respondan a la sociedad y a la seguridad ciudadana de nuestros habitantes. En eso, el Gobierno está haciendo todos los esfuerzos necesarios en coordinación con el Comando de la Policía», explicó.
El Vicepresidente y presidente en ejercicio informó de que la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) y la FELCN coordinan acciones para «descubrir los vínculos y la infiltración de determinadas personas de la Policía» en el caso Rosales.
«Es mejor cortar ahora, de manera fuerte, pero inmediata, cualquier tipo de infiltración en nuestras instituciones por parte del narcotráfico», afirmó.
El comandante de la Policía, general Óscar Nina, informó el 29 de abril de que recurrirán a policías encubiertos para la lucha anticorrupción. «Estos uniformados harán un trabajo permanente y continuado en todas las instancias críticas, o sea, aquellas donde se presume y evidencia que hay corrupción», explicó en ese entonces.
Cáceres, por cuestiones de seguridad, evitó adelantar detalles sobre el proceso en curso para identificar a policías vinculados con hechos ilegales.
«Sin embargo, tenga por seguro el pueblo boliviano que de aquí a unos 15 a 20 días vamos a tener resultados muy concretos para de esta manera dignificar a la institución policial», dijo.
La Policía cuenta con más de 35.000 efectivos. Nina, en varias ocasiones, habló de depurar a más de 1.000 policías sin aspiración profesional.
Cooperarán a la fiscalía en pesquisas
El comandante de la Policía, general Óscar Nina, informó de que cooperarán con las investigaciones orientadas a establecer, como en el caso Rosales, vínculos de uniformados con hecho ilícitos. «Somos los más interesados en la investigación».
Tramitarán una ley para escuchas telefónicas
El Gobierno del presidente Evo Morales elaboró un proyecto de ley de escuchas telefónicas para combatir el narcotráfico y el terrorismo. Una vez aprobado, en 20 días se tendrán resultados relacionados con la identificación de narcos, aseguró el viceministro de Defensa Social, Felipe Cáceres.
La propuesta, enviada ayer al ministro de Gobierno, Sacha Llorenti, prevé que harán uso de este recurso previa autorización judicial y, exclusivamente, en casos de narcotráfico y de terrorismo.
«Son herramientas que tienen todos los países, menos Bolivia. Si me entregan esta ley el próximo mes, las primeras semanas de julio tendremos resultados y sabremos quién es, verdaderamente, el narcotraficante en el país», dijo.
Esta norma será aplicada en estricto apego al respeto a los derechos humanos, aseguró.
Cáceres informó de que el gobierno de Francia comprometió dotar el equipamiento para las escuchas telefónicas en contra del delito.
«Una vez tengamos la ley de interceptación de llamadas delictivas al narcotráfico y terrorismo, Francia nos dará todos los equipos de escucha para interceptar todas las actividades del narcotráfico en el país», precisó.
También anunció que se elabora un proyecto de ley para que los bienes de narcos pasen a dominio del Ministerio de Gobierno.
Relevan a Director de la FELCN cruceña
El ex director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN) de Santa Cruz, coronel Jorge Romero, fue relevado del cargo por factores relacionados a la falta de control sobre su personal y de resultados en la captura de narcotraficantes, informó el viceministro de Defensa Social, Felipe Cáceres.
La autoridad aseguró que el relevo del jefe policial no fue consecuencia de los hechos que rodean el secuestro de William Rosales Suárez y el asesinato de seis de sus guardaespaldas, entre ellos tres bolivianos y tres serbios.
«La unidad de Inteligencia nos ha hecho llegar informes de ciertas anormalidades que estaban sucediendo en Santa Cruz. Inmediatamente pusimos este caso a disposición de la Dirección de Responsabilidad Profesional y de la Fiscalía», sostuvo.
El comandante de la Policía, general Óscar Nina, explicó que no conoce «en detalle» el caso, aunque sostuvo que está en proceso de investigación.
No obstante dijo: «Lo que pasa es que se toman previsiones para evitar que las autoridades que luchan contra el narcotráfico se contaminen».
Romero estuvo seis meses como director de la fuerza antidrogas. «Hasta el momento no hemos recibido una denuncia directa de ningún interesado en contra de este jefe», aseguró e insistió en que no existe nada en contra del jefe policial.
