Agrupados en la acampada ante la Vicepresidencia, 21 de los 27 corregidores del Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS) que participan en la IX marcha desconocieron el acuerdo de respaldo a la consulta firmado por el Gobierno y 45 representantes de comunidades de la reserva.
Ayer, el ministro de Gobierno, Carlos Romero, ratificó que son 45 los corregidores que firmaron un acta que acuerda la consulta que encaminará o no la construcción de la carretera por medio del TIPNIS.
En el TIPNIS, sostiene el Gobierno, hay 63 corregidores. El ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, dijo que además de los 45 que firmaron el acta de apoyo a la consulta, el martes, otros 11 manifestaron su acuerdo con el proceso, sumando un total de 56. Así, serían siete los corregidores que están en la marcha precisamente y que objetan la consulta dijo.
“No es como dice el Gobierno, acá no somos sólo siete corregidores, acá estamos 27 corregidores, de los cuales cuatro son representantes porque en esas comunidades desconocieron a sus corregidores”, aseguró Carmelo Yuco Ichu, corregidor de la comunidad San Antonio de Imose.
Esta posición fue respaldada por el corregidor de San Ramoncito, Pablino Moye, quien aseguró que el Ejecutivo “suplantó” a representantes del TIPNIS para poder firmar el acuerdo. “¿Cómo pueden decir que 45 corregidores firmaron un documento cuando acá estamos 27 corregidores? Es clara la posición del Gobierno de suplantar representantes para lograr sus propios objetivos”, reprochó Moye.
Invitación. El Gobierno invitó a los siete corregidores restantes que participan en la IX marcha a sumarse al proceso de consulta en cualquiera de sus etapas. El corregidor de la comunidad Nueva Galilea, Benigno Noza, aseguró que fueron 18 corregidores y no 45 los que firmaron el documento con el Gobierno. “Son 18 corregidores titulares que firmaron el acta (con el Gobierno) y 23 auxiliares (suplentes). No es como dicen que fueron 45 los que firmaron”, explicó Noza.
Incluso el representante de Nueva Galilea afirmó que en la firma del acuerdo entre Gobierno e indígenas hubo hasta “cinco comunidades fantasma”. El presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Wilfredo Ovando, informó el miércoles que el proceso empezará el 29 de julio.
El presidente de la Subcentral TIPNIS, Fernando Vargas, dijo que ésta no participará de la consulta. “El Gobierno pagó a supuestos corregidores. En esa reunión sólo había 18 corregidores”, remarcó. Ayer, el Ejecutivo y el Consejo Indígena Leco firmaron un acta para atender las demandas de esta etnia radicada en la provincia Larecaja del departamento de La Paz. Por esta razón, 20 indígenas abandonaron la marcha.
Acta proconsulta
1. Voluntad y disposición de llevar adelante el proceso de Consulta en el TIPNIS enmarcado en la Ley 222, ratificada por Sentencia del Tribunal Constitucional Plurinacional, enmarcado el derecho constitucional que tienen para decidir en sus comunidades.
2. Han realizado (los corregidores firmantes) esfuerzos de acercamiento a los Corregidores del TIPNIS que se encuentran en la IX Marcha, recibiendo respuestas de rechazo y violencia, y pese a esta situación tienen la disposición de seguir dialogando con el presidente de la Sub Central TIPNIS, Fernando Vargas y los Corregidores restantes de la IX Marcha, invitándolos a incorporarse al diálogo y el proceso de consulta.
3. Se (decidió que se) conforme una Comisión de Corregidores de las tres Sub Centrales del TIPNIS para que realice una inspección ocular in situ a la zona núcleo del TIPNIS que partirá de la comunidad de San Antonio de Ichoa hasta la comunidad de Santo Domingo del Sécure, en una fecha a determinar, con el objeto de constatar la condición en la que se encuentra dicha zona.
4. Los representantes de los tres pueblos indígenas se declaran en emergencia y serán vigilantes de las acciones para llevar adelante la Consulta en el TIPNIS.
Finalmente solicitaron se incorpore en el diálogo el tratamiento del tema de “Autonomía Indígena”.
Disturbios entre policías, activistas e indígenas
El Gobierno responsabilizó ayer a activistas de Mujeres Creando y a agitadores de los disturbios en las calles Potosí y Ayacucho, que obligaron a efectivos de la Unidad Táctica de Operaciones Policiales (UTOP) a emplear gases lacrimógenos y el carro Neptuno contra manifestantes que intentaban entrar a la plaza Murillo. Dirigentes de la marcha calificaron el hecho de provocación.
El choque se produjo a las 11.20. En la tarde, el ministro de Gobierno, Carlos Romero, afirmó en conferencia de prensa en el Palacio Quemado que activistas y agitadores lanzaron piedras, palos y vasos de vidrio rotos a la Policía.
Cerca de las 11.00, un grupo de Mujeres Creando llegó hasta la calle Potosí para protestar contra el Gobierno y en apoyo a la líder indígena Bertha Bejarano, a quien el Gobierno vetó para un eventual diálogo con la marcha, por sus antecedentes sobre narcotráfico. Luego de diez minutos, intentaron pasar violentamente la barrera policial de la calle Ayacucho.
La Policía lanzó gases lacrimógenos y el carro antidisturbios Neptuno arrojó chorros de agua, mojando el improvisado campamento de los indígenas de la IX marcha instalado en la Ayacucho. Más tarde, Romero declaró que el uso del agua fue el último recurso para “frenar el nivel de agresividad de estos agitadores”.
Mientras, el presidente de la Subcentral TIPNIS, Fernando Vargas, acusó a Romero de ordenar gasificar a los indígenas. Tildó la acción policial como una provocación. “Si ellos quieren (la Policía), ahorita nos liquidan”, dijo Vargas. La profesora Vilma Plata y la activista María Galindo fueron identificadas, por el Gobierno, como las principales agitadoras.
De parte de la Policía existen nueve efectivos heridos. Por el lado de los indígenas se reportó a seis personas intoxicadas debido a los gases. El Gobierno ofreció a los marchistas el coliseo cerrado Julio Borelli como refugio temporal durante su estadía en La Paz. Romero sostuvo que la manera de actuar de las activistas sorprendió incluso a los propios indígenas de la IX marcha.
