El defensor del Pueblo, Rolando Villena, presentará ante el Tribunal Constitucional un recurso de inconstitucionalidad de los artículos de la Ley Orgánica de las FFAA, del Código Penal Militar y del Código de Procedimiento Penal Militar que permitan acciones violentas y vulneración de derechos de los uniformados. Además reiteró el pedido al comandante de la institución, almirante Víctor Baldivieso, de una reunión para trabajar en políticas en esa materia.
La decisión es asumida, explicó, ante las denuncias de hechos de violencia y tortura al interior de la entidad castrense, además de la violación de una premilitar; las agresiones contra 81 estudiantes de la Universidad Indígena Tupac Katari y el amedrentamiento y hostigamiento contra los dirigentes de una movilización de sargentos y suboficiales.
Villena explicó que, ante la evidencia de que estas acciones “se comenten al amparo de una norma anacrónica y de naturaleza colonialista”, dispuso que se realice un análisis jurídico de la LOFA y de los otros dos instrumentos penales militares para identificar los artículos y aspectos que sustentarán su demanda ante el TCP.
Datos recogidos por la Defensoría del Pueblo dan cuenta de un incremento en las denuncias que señalan como responsables de vulneración de derechos a miembros de las FFAA. De los 96 registradas en 2012, en 2013 subieron a 119, de las cuales 14 corresponden a la figura de tortura y/o tratos crueles e inhumanos. Al 31 de agosto las cifras se asemejan a la de la gestión pasada.
“Esta situación refleja una negativa sistemática de los niveles superiores de las Fuerzas Armadas de Bolivia a adecuar la formación y las conductas institucionales a los principios de derechos humanos y los postulados del Estado Plurinacional que demanda la implementación de cambios profundos en todas las instituciones que deben orientarse hacia la descolonización, la despatriarcalización y el respeto imperativo a los derechos y garantías constitucionales de todas y todos los bolivianos”, manifestó Villena.
La autoridad reiteró el llamado Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas, almirante Víctor Baldivieso, para impulsar un trabajo integral en la definición e implementación de una política para el respeto de los derechos humanos en la institución armada.
La Defensoría del Pueblo, el año pasado, presentó continuos reclamos por la sucesión de muertes de conscriptos y estudiantes en recintos militares y demandó su investigación para determinar responsabilidades; además solicitó reuniones con el Comandante de las FFAA para emprender acciones conjuntas e integrales para garantizar los derechos humanos a partir de un análisis de los reglamentos, reorientación de la estrategia de formación y la investigación de casos. También recurrió a la Presidencia de la Asamblea Legislativa para que se viabilice esta iniciativa, logrando -recordó- como respuesta una negativa sistemática o un silencio incomprensible, recordó la institución en una nota de prensa.
Villena lamentó que a pesar de esas denuncias y preocupaciones la entidad castrense no haya tomado ninguna acción para prevenir esas conductas y establecer la prevalencia de un sistema de formación que privilegia la violencia y desestima la necesidad de orientar las acciones en base al respeto a los derechos humanos.
