Las Fuerzas Armadas se resisten a cumplir un fallo judicial y remitir a la Fiscalía el Plan de Operaciones que ejecutaron durante los conflictos poselectorales de 2019, con el argumento de que es “secreto militar”. Solo en los conflictos de Sacaba (Cochabamba) y Senkata (El Alto) murieron 19 personas por impactos de bala.
El fiscal general, Juan Lanchipa, informó de la renuencia de los militares a cooperar en la investigación orientada a establecer responsabilidades en los hechos de violencia y muerte ocurridos después de las elecciones del 20 de octubre y la renuncia del expresidente Evo Morales, hoy con refugio político en Argentina.
“La comisión de fiscales que investiga el caso Senkata ha enviado requerimientos al Comando en Jefe de las Fuerzas Armadas para que nos haga llegar el Plan de Operaciones, ejecutado durante los meses de octubre y noviembre de 2019 en Senkata, Sacaba, Yapacaní y otros donde se registraron personas fallecidas por impacto de proyectil de armas de fuego, aún estamos a la espera de ese plan por parte de las Fuerzas Armadas”, denunció, según un boletín institucional.
En los hechos de violencia de Senkata y Sacaba actuaron fuerzas combinadas de la Policía y las Fuerzas Armadas. Los operativos estaban amparados en un decreto de la presidenta transitoria, Jeanine Áñez, que los eximía de responsabilidad penal por sus actuaciones. Ante la presión internacional y nacional, esa norma fue anulada tras los conflictos que acabaron con más de 30 muertos.
Lanchipa reveló que al interior de las Fuerzas Armadas argumentaron que la información de esos operativos es “secreto militar” y está amparada en la ley orgánica de la institución castrense.
“No obstante, el juez ha dispuesto el levantamiento del secreto militar y ha ordenado la remisión del documento, pero hemos constatado una actitud renuente por parte del Comando en Jefe de las Fuerzas Armadas para dar cumplimiento a la orden judicial”.
La investigación de los casos se desarrolla sobre la base de la información proporcionada por civiles. Al momento de realizar las autopsias de los cuerpos, el Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) pudo establecer que la causa de las muertes de las víctimas fue por impactos de proyectil de arma de fuego.
“Se han colectado proyectiles que fueron sometidos a pericias y es necesario realizar la comparación con el armamento utilizado en esa jornada por las FFAA”, agregó Lanchipa.
Desde el Gobierno, negaron en reiteradas oportunidades que las militares o policías hayan disparado en las protestas. Es más, el ministro de Gobierno, Arturo Murillo, habló de que los disparos salieron de las mismas personas que estaban en las movilizaciones.
Según datos de la Defensoría del Pueblo y del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF), en esos hechos de violencia se registraron 35 muertos y 500 heridos.
(30/09/2020)
