Tras la asonada militar suscitada el 26 de junio, diversos actores políticos y la población en general han tratado de comprender y ponerle un nombre a la toma de la plaza Murillo, de La Paz.
Más allá de la categorización del hecho, analistas plantearon la reforma de las Fuerzas Armadas y Policía para evitar levantamientos militares, que han asechado al país desde su nacimiento hasta la actualidad.
También cuestionaron el poder que el presidente Luis Arce le dio al otrora comandante del Ejército, Juan José Zúñiga, ahora detenido en el penal de El Abra, Cochabamba, por liderar una intentona golpista.
Dichos planteamientos fueron expuestos por el exministro de la Presidencia Juan Ramón Quintana, Loreta Tellería, del Observatorio de Democracia y Seguridad, y Gabriela Reyes, criminóloga experta en Seguridad y Policía, en el programa Piedra, Papel y Tinta, de La Razón.
Los analistas abordaron, desde distintos puntos de vista, el plantón militar que se dio hace más de dos semanas.
El 26 de junio, un grupo de militares insubordinados liderado por Zúñiga tomó la plaza Murillo, epicentro del poder político del país, con ayuda de tanquetas y armas de guerra.
Los militares, con pasamontañas y pertrechados, sembraron incertidumbre y temor por unas tres horas en la ciudad. Según denunció el Gobierno, el objetivo de la asonada era la toma del poder en desmedro del presidente Luis Arce.
Zúñiga pudo ingresar a Palacio Quemado luego de que un vehículo blindado derribara la puerta del Palacio Quemado, pero fue abordado por el presidente Arce. De ese modo, no pudo concretar ninguno de sus planes, por lo cual huyó a las 17.27 de la plaza. Y, a las 19.02, fue aprehendido en el Estado Mayor por el viceministro de Régimen Interior y Policía, Jhonny Aguilera.
El hecho derivó en diferentes tesis acerca de lo ocurrido. La oposición y la facción evista del Movimiento Al Socialismo (MAS) tildaron el suceso de “autogolpe” o “show mediático” por parte del Gobierno. Sin embargo, la administración de Arce rechazó las teorías y consideró que fue un “fallido golpe de Estado”.
Los analistas no quisieron categorizar el hecho, entre “autogolpe” o “golpe fallido” e indicaron que las investigaciones y el tiempo se harán cargo de demostrar la verdad.
Tellería consideró que el ultimo levantamiento propiciado por los militares es producto de una incapacidad de los gobiernos para hacer una reforma estructural en las Fuerzas Armadas y la Policía.
En concordancia, Quintana argumentó que la asonada militar tiene que ver con la relación del Gobierno con las Fuerzas Armadas y su manera de gestionar la fuerza pública. “El intento (de reforma) se lo hizo con Evo, pero han fracasado los modelos de gestión”.
Admitió que durante el mandato del expresidente Evo Morales (2006-2019) se intentó impulsar una reforma desde una perspectiva del nacionalismo caudillista. “Hemos fracasado en el nuevo diseño”.
A su vez, cuestionó que el presidente Arce haya regresado al “modelo patrimonial” al asignarle el poder de todo el Ejército a Zúñiga. “Al conceder a las Fuerzas Armadas el control político, a Zúñiga se le dio el poder absoluto. Era más importante que todo el gabinete”.
“No sabemos las barbaridades que hizo Zúñiga desde que entró Arce”, cuestionó.
En la misma línea, Tellería lamentó que nunca hubo un proceso serio de reforma institucional de las Fuerzas Armadas y Policía. “Las Fuerzas Armadas salieron del golpismo y no hubo purga ni reforma. Seguían con su marco normativo. Es malísimo”.
Explicó que hacer una reforma institucional en estas fuerzas es difícil porque tienen el poder de las armas. “No hay proceso de control civil. No existen civiles formados en temas de defensa de seguridad, Fuerzas Armadas y Policía que puedan dirigir el control militar”.
Por su parte, Reyes, en coincidencia con Quintana, cuestionó el rol de Zúñiga y recordó que desde 2021 entregaba obras en comunidades, como si se tratase de una campaña política. “Tenía su sello, estaba con mujeres, animales y movimientos indígenas. Tenía redes sociales específicas” para promover su actividad política.
“¿Por qué se produjo el 26 de junio y por qué tuvo ese desenlace feliz?, ¿cómo es que Zúñiga llega al 26?, cuestionó Quintana.
“Esto es lo que pasa cuando no cierras un capítulo de violencia, tienes el riesgo de repetirlo”, dijo al referirse sobre la falta de sanciones a policías y militares involucrados en casos delictivos.
En criterio de Quintana, Arce optó por una “estrategia política autoritaria”, al determinar que un general se haga cargo de todas las FFAA y —según dijo— permitió que policías que formaron parte del motín de 2019 sigan en sus cargos.
“Dejó que los golpistas de 2019 hoy tengan cargos altos y que los militares que masacraron a personas sigan en el Ejército. Los policías golpistas de 2019 hoy son los mismo que le dan seguridad al presidente. Arce prolongó la impunidad del golpe de 2019”, reprochó.
Reyes coincidió con Quintana y cuestionó que existe impunidad en las instituciones de las fuerzas del orden. “El capitán que empezó el motín policial en Cochabamba fue dado de baja y hoy está de vuelta en la Policía”.
“¿Cuántos más de esos casos habrá? A eso se suma a los altos niveles de impunidad de policías vinculados al narcotráfico y otros delitos”, añadió.
Para Quintana, el 26 de junio se pudo evitar, debido a que, en su criterio, ya estaba anunciado desde hace un año. Explicó que todo lo ocurrido fue producto de un exceso de protagonismo político de Zúñiga, de privilegios y de autoridad otorgada, que “se rompió el 24 de junio en una entrevista”.
Zúñiga aseguró el 24 de junio en una entrevista con el programa No Mentirás de la red PAT que “legalmente Evo Morales está inhabilitado. La CPE (Constitución Política del Estado) dice que no puede ser más de dos gestiones, y el señor fue reelegido. El Ejército y las Fuerzas Armadas tienen la misión de hacer respetar y cumplir la CPE. Ese señor no puede volver a ser presidente de este país”.
En consecuencia, las afirmaciones del militar fueron tomadas como una “amenaza” por Morales y su sector político. Diversos actores políticos cuestionaron el accionar de Zúñiga, debido a que los militares no pueden deliberar, ni tomar decisiones políticas.
“Fue la presión lo que empujó a Arce a destituirle. Mandó a sus emisarios a decirle. No tuvo el coraje de llamarlo. Se podía prevenir lo del 26”, arguyó Quintana.
En su criterio, luego de la destitución del militar, “sale” el “personaje golpista”, que antes era el “peón político”. “El 25 en la noche, cuando le dicen que le iban a destituir. A Zúñiga se le cae el mundo. De ser el semidios a pasar a reo político, era demasiado”.
“Ahí se rompió el vínculo de fidelidad y de lealtad de Arce sobre Zúñiga”, detalló.
Finalmente, aseguró que el país tiene el reto de emprender una reforma “sin miedo” a las FFAA, ya que, de lo contrario, la democracia estará amenazada por los militares.
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