Conocidas las preguntas del referéndum que propone el presidente Luis Arce, senadores del ala evista del Movimiento Al Socialismo (MAS) advirtieron que la iniciativa es inconstitucional y que, de consumarse, podría derivar en procesos penales en contra de los vocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE).
“Ellos (los vocales) no están sometidos a un juicio especial o a juicios de privilegio, son sujetos de juicio ordinario. Si acaso aceptan esas preguntas y someten a referéndum eso, provocará un daño grave al Estado. Les recordamos que vamos a repetir contra ellos acciones penales para que ellos reparen y devuelvan esa plata”, protestó el senador William Torrez en conferencia de prensa.
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Preguntas
Las preguntas que plantea el presidente Arce estarán relacionadas con la posible liberación de la subvención del diésel y la gasolina, la reelección presidencial continua o discontinua y la posibilidad de incrementar los 130 escaños parlamentarios.
Las críticas de la opinión pública se centraron sobre las últimas dos. Sin embargo, los legisladores evistas advirtieron que las cuatro preguntas son inconstitucionales.
“El que se atreva a pisotear la Constitución, no solo va a ser juzgado en las calles, tiene que ser juzgado, tarde o temprano, mediante la justicia. Hoy pueden manejarla, pero tarde o temprano los van a juzgar”, advirtió el senador Leonardo Loza.
El senador Torrez explicó que ni siquiera la pregunta sobre la subvención de combustibles es conforme a la Constitución.
Señaló que el artículo 298 de la Carta Magna establece que es competencia del nivel central del Estado decidir sobre las políticas relacionadas con los hidrocarburos. Asimismo, la Ley 026, de Régimen Electoral, prohíbe que se realice un referéndum sobre competencias que son privativas del Ejecutivo.
“El Gobierno ha perdido la razón (…); el TSE no puede de ninguna manera aceptar estas cuatro preguntas”, insistió.
Sin embargo, el TSE, que ahora analiza la precisión, claridad e imparcialidad de las preguntas, afirmó que no pueden rechazarlas; pero sí proponer una “redacción alternativa”. Posteriormente, el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) analizará su legalidad.
