Hace algo más de tres meses, por este mismo medio, publicamos una seria advertencia en el sentido de que nuestro sistema sanitario no estaba en absoluto preparado para afrontar la crisis que se le venía encima. En aquella ocasión también dijimos que era necesario tomar consciencia de que nuestro sistema de salud carece de la capacidad de proteger a la ciudadanía en circunstancias como la actual. Hoy, a casi 100 días de aquella voz de alarma, vemos con enorme tristeza cómo el país se ve abocado a una crisis sanitaria de proporciones bíblicas sin que los actuales gobernantes muestren la más mínima sensibilidad ni capacidad para gestionarla.
La parálisis de la acción gubernamental solo es comparable, en su gravedad, con la propia pandemia, pero lo más preocupante del caso es que el actual “gobierno transitorio” tampoco parece mostrar ningún “síntoma” de querer o siquiera intentar mejorar su performance.
El anunciado colapso del sistema sanitario e incluso de los servicios funerarios y la falta de respuesta ante hechos tan dramáticos como el abandono de cadáveres en calles de las ciudades por falta de apoyo de las autoridades, ha puesto a Bolivia en las pantallas de todo el mundo como el más claro ejemplo del horror más descarnado y de la ineptitud de una administración, que no merece ese nombre.
Hay una serie de tareas urgentes que es necesario encarar de forma perentoria si no queremos ser testigos de más horror y de más inhumanidad.
El colapso del sistema hospitalario hace necesaria la construcción urgente de hospitales de campaña donde puedan centralizarse los pacientes enfermos de COVID-19. Deberían crearse al menos tres de estos centros de urgencia en las ciudades troncales del país: La Paz, Cochabamba y Santa Cruz. Suponemos que nuestras Fuerzas Armadas están (o deberían estarlo) capacitadas para poner a funcionar ese tipo de instalaciones en un plazo muy breve. Eso inicialmente, pero se deben tomar previsiones de que estos centros provisionales puedan ser levantados también en otras áreas del país.
A los pacientes del resto del territorio nacional se les debería ofrecer, según triaje y valoración médica de la gravedad del caso, su desplazamiento a cualquiera de los centros COVID-19 principales o secundarios que se vayan creando. No debemos olvidar que, además de los pacientes con COVID-19, hay otros pacientes con otras patologías, que también requieren atención médica u hospitalaria, por lo cual es imperativo descongestionar la red de hospitales para evitar un colapso aún mayor. Esto es urgente, no hay tiempo que perder y se debe hacer en el plazo más breve posible.
Otra tarea urgente es la dotación de insumos al personal sanitario: equipos de protección individual (EPI), barbijos de alta protección (N95 o FFP2), batas o mandiles de protección, pantallas de protección facial y guantes.
Por consideración y respeto a nuestros ciudadanos, las autoridades pertinentes tienen que arbitrar las medidas más urgentes para que no se sigan produciendo los casos lamentables de personas fallecidas en sus domicilios, cuyos cadáveres sean recogidos en el plazo más breve posible a las dependencias que esas mismas autoridades consideren oportuno.
Aunque sea por vergüenza de país, no podemos seguir dando al mundo un espectáculo tan lamentable y dantesco como el de los cadáveres abandonados en medio de vías públicas solo por falta de atención de las autoridades.
La lista de recomendaciones es muy larga, pero la principal es que de una vez por todas el Gobierno y las otras autoridades del país deben ponerse en marcha sin perder un segundo. El haber asumido sus cargos como autoridades les obliga a responsabilizarse del destino de los ciudadanos en estas duras circunstancias y a poner todos los recursos del Estado al servicio de esos ciudadanos.
