No es exagerado decir que el sueño del desarrollo industrial del país pocas veces ha recibido la atención y el esfuerzo que merece de parte de los sucesivos gobiernos, no tanto por falta de iniciativas, como por falta de visión. Los intentos por desarrollar las industrias públicas tampoco han prosperado, ora por falta de claridad y control entre sus gestores, ora por la resistencia neoliberal.
El más reciente intento de industrializar las materias primas que el país produce y exporta en grandes cantidades duró casi una década y media, y los tropiezos parecerían haber sido más que los avances; sin embargo, había una política pública de industrialización, que en el camino requirió una gran dosis de aprendizaje y formación de recursos humanos, en la mayoría de los casos a cuenta del Estado.
Un buen ejemplo de esta demorada pero consciente política de industrialización de los hidrocarburos que produce el país fue la construcción y puesta en marcha de la Planta de Amoniaco y Urea en el trópico cochabambino, que desde fines de 2017 cubrió la mayor parte de la demanda nacional de fertilizantes. Desde noviembre de 2019, sin embargo, la producción de esa planta está paralizada y los productores agroindustriales del país han vuelto a importar los fertilizantes necesarios para sus campos.
La inexplicable decisión de paralizar actividades en la referida planta industrial, de propiedad de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), fue asumida por el Ministerio de Hidrocarburos que anunció una auditoría, sin que más de medio año después haya información alguna sobre sus resultados. Mientras tanto, empresas importadoras se benefician con la creciente demanda de fertilizantes que deben ser comprados en el extranjero.
Es posible que el segundo proyecto de industrialización de los líquidos que se producen con el gas natural también se vea frustrado. Semanas atrás, gran parte de la población tarijeña y chaqueña tuvo que movilizarse para evitar que la multimillonaria cifra presupuestada para la construcción de esa infraestructura sea arbitrariamente destinada a otros gastos contingentes. Aun así, es poco probable que ese proyecto despegue en el corto plazo.
No es la primera vez que YPFB afronta obstáculos impuestos por sus propios administradores; en la historia de la empresa más importante de Bolivia son innumerables los casos de intereses privados puestos en juego para evitar la soberanía del país sobre sus recursos naturales; la “capitalización” de la década de 1990 es el ejemplo más claro de estas intenciones.
Ha abonado a este estado de cosas el notable retraso y falta de transparencia en la ejecución de los planes de construcción de plantas industrializadoras; los errores en la gestión de aquellas industrias ya establecidas también pesan en contra del sueño industrializador. La crisis que se avecina pondrá el último obstáculo a este propósito. Mientras tanto, el capital transnacional y sus operadores en el país deben estar de plácemes.
