De manera unilateral, sin diálogo con las fuerzas políticas ni coordinación con la Asamblea Legislativa, el TSE decidió postergar las elecciones generales 2020. La nueva fecha, definitiva según los vocales por razones constitucionales, es el 18 de octubre. Se alude a las proyecciones de contagios por el COVID-19 para el aplazamiento. La polémica decisión generó varios efectos políticos.
Lo primero que debe decirse, en beneficio del TSE, es que su decisión estuvo respaldada en consultas sobre la evolución de la pandemia en el país. Así, parece evidente que votar el 6 de septiembre, como estaba previsto, implicaba dificultades para garantizar una jornada electoral segura y participativa. Estaban en duda, asimismo, otros aspectos relevantes como las misiones de observación y el voto en el exterior. Claro que también influyó la tardanza del Ejecutivo en viabilizar los recursos requeridos.
El dato crítico de este nuevo aplazamiento de la votación tiene que ver con el cambio de actitud del TSE, así como con el procedimiento para cambiar la fecha. Desde su posesión, los nuevos vocales –en especial el presidente del organismo– se mostraron respetuosos del principio de legalidad. Así ocurrió con las tres leyes, asumidas plenamente por el TSE, que viabilizaron unos comicios excepcionales y sus postergaciones. Ahora en cambio se decidió mover la fecha por resolución de Sala Plena.
Siendo una cuestión discutible en torno a las atribuciones del TSE, pareciera que su decisión respondió más bien a la complejidad de construir un nuevo acuerdo político, la necesidad de suspender el calendario electoral por razones logísticas y administrativas, y presiones tanto internas (desmarque de dos tribunales departamentales) como externas (campaña sistemática de asedio contra el organismo electoral). Como sea, la postergación quebró un difícil y frágil equilibrio político en torno a los comicios.
¿Qué sigue ahora? Pese a que una parte de la población, bajo mandato y consigna de la COB y del Pacto de Unidad –ambos afines al MAS–, exige elecciones el 6 de septiembre y anuncia movilizaciones, resulta inviable dar marcha atrás toda vez que el calendario electoral, de hecho, fue suspendido. La cuestión entonces tiene que ver con las acciones necesarias, empezando por la voluntad política, para otorgarle legalidad y legitimidad al 18 de octubre, bajo la premisa de que no es una fecha probable, sino definitiva.
En materia de legitimidad, la reunión entre el TSE y los sectores sociales es una muy buena señal dado que abrió una puerta de diálogo y un posible acuerdo. Resta ahora precautelar la legalidad de los comicios con un encuentro ineludible entre el TSE y la Asamblea Legislativa Plurinacional para la pronta aprobación de una ley que reafirme la nueva fecha. Es necesario garantizar el proceso conforme al cauce institucional. Elecciones este año, sin bloqueos ni violencia, es el imperativo constitucional y democrático.
