Con la promulgación, ayer, de la ley que fija elecciones hasta el domingo 18 de octubre “así se caiga el cielo” —como dijo el presidente de la Cámara de Diputados—, una parte de la sociedad boliviana cree ver una salida a la crisis política iniciada el 3 de agosto con los bloqueos carreteros instruidos por la COB y el Pacto de Unidad; sin embargo, el conflicto está lejos de resolverse.
La polémica decisión de la Sala Plena del Tribunal Supremo Electoral, semanas atrás, de postergar las elecciones generales del 6 de septiembre al 18 de octubre fue el motivo que necesitaba la Central Obrera Boliviana (COB) para resurgir después de haber perdido su relevancia en el debate político desde, al menos, el año pasado. La adhesión del Pacto de Unidad, articulación de movimientos sociales de origen indígena originario campesino claramente coaligada con el MAS, brindó la fortaleza necesaria para asegurar que el bloqueo de caminos se produzca en todo el país. Como siempre sucede en estos casos, las demandas enarboladas por los movilizados fueron cambiando e incrementándose con el paso de los días.
Asimismo, la decisión del TSE también sirvió para que otras fuerzas políticas salgan por sus fueros, ora para atacar al TSE, particularmente a su presidente, que desde que fue posesionado por la Presidenta interina hasta ahora ha recibido todos los insultos y acusaciones posibles, y no parece que eso vaya a parar pronto, ora para actualizar su discurso de odio y confrontación.
Especialmente notable fue la declaración del Comité Cívico Pro Santa Cruz, que acudió al lenguaje violento y racista que se le conoce desde hace décadas para amenazar con el uso de la fuerza para desbloquear las carreteras y, finalmente, para dar a conocer su propio pliego petitorio, que incluye la suspensión sine die de las elecciones y toda clase de privilegios para el pequeño grupo de élite que maneja el civismo cruceño.
El resultado es una sociedad jalonada entre estos extremos, sumida en la incertidumbre por el futuro inmediato del país; grupos radicales que se creen empoderados solo porque los medios de comunicación amplían sus discursos de modo acrítico, sensacionalista y, peor, lleno de prejuicios; y los liderazgos formales mostrándose incapaces de galvanizar a su favor las fuerzas desatadas y mucho más de poner freno a los excesos que se han producido en la última semana y media.
Es posible que por el enorme costo de mantener la movilización activa y, sobre todo por las señales brindadas por la clase política en el Ejecutivo y el Legislativo, la protesta vaya perdiendo fuerza en los próximos días. Sin embargo, una vez más se ha hecho evidente que hay una brecha racial y de clase que no solo no ha sido resuelta en la última década y media, sino que es hábilmente profundizada por políticos que piensan primero en sus intereses y solo después, un poco, en el país y su futuro.
