Días atrás, el Alcalde de La Paz lamentó que desde hace tres meses es imposible para el gobierno municipal que conduce adquirir equipos de laboratorio para acelerar el análisis de pruebas PCR de COVID-19 en la ciudad sede de gobierno, debido a la burocracia en el Ministerio de Salud. Como coincidiendo, se denunció un millonario sobreprecio en la compra de tests para la enfermedad.
Ambos casos, que no están relacionados entre sí, tienen en común la presencia del Ministerio de Salud, que en el primero congeló todos los trámites luego de conocerse el escándalo por sobreprecio en la compra de respiradores (caso que hasta ahora no fue resuelto ni mucho menos ha significado sanción para sus ejecutores) y en el segundo acaba de hacer lo mismo mientras se revisa el proceso de licitación y adjudicación cuestionado. También es común a ambos casos el enorme perjuicio causado a la población que debía beneficiarse de las pruebas.
El 30 de julio pasado, el Gobierno lanzó una licitación pública internacional para la compra de 7.000 kits de reactivos SARS-COV-2 con un precio referencial total de Bs 70 millones. Según la documentación del proceso, 15 empresas internacionales se presentaron y se adjudicó el contrato a la empresa china Lasa Holdings por un monto de Bs 47,3 millones; ciertamente muy por debajo del precio total presupuestado.
Sin embargo, la oferta de la empresa china no era la más baja, y la empresa uruguaya ATGen denunció públicamente que ofreció al Gobierno la venta de los tests PCR por un monto de Bs 22,8 millones, es decir Bs 24,5 millones menos. El director de la empresa uruguaya declaró a este diario que su oferta fue desestimada por “un tecnicismo que ni siquiera figura claramente en ninguna parte del pliego” y que representará su denuncia ante el organismo financiador de la compra: el Banco Mundial (BM).
Por su parte, la Agencia de Infraestructura en Salud y Equipamiento Médico (AISEM), responsable de la adquisición, señaló en su descargo que el producto ofertado por ATGen no ofrecía las garantías de calidad necesarias, es decir, certificaciones de la FDA estadounidense y CE de la Unión Europea; las mismas que, según el ejecutivo uruguayo, tienen como base la misma certificación de calidad ISO que su empresa ofreció. Finalmente, la agencia gubernamental y la Ministra de Salud afirmaron que el contrato no ha sido firmado.
La Defensora del Pueblo ha pedido formalmente a la Contraloría que supervise el proceso de compra, pero mientras tanto el trámite está detenido y, como ha dicho el propio Alcalde paceño, por falta de esas pruebas es posible que el subregistro de casos de COVID-19 sea de hasta el 50%. Es, pues, lamentable que la falta de transparencia, cuando no de honestidad, sea no solo causa del descrédito de las autoridades del Gobierno transitorio, sino sobre todo motivo para que la gente no acceda a su derecho humano a la salud.
