Quienes buscan todavía algún atajo para aplazar nuevamente las elecciones del 18 de octubre, blindadas por ley, están abonando la narrativa del “fraude estructural” (sic), quizás como anticipo para un eventual desconocimiento del resultado de la votación en caso de que no les guste. La democracia boliviana no merece esas oscuras narrativas, plenas de falacias y con voceros interesados.
Luego de tres postergaciones sucesivas, las elecciones generales 2020 en Bolivia se realizarán finalmente el domingo 18 de octubre. Esta fecha, en palabras del presidente del TSE, Salvador Romero, es “definitiva, inamovible e impostergable”. Hay razones constitucionales para ello. Por tanto, cualquier intento por impedir sine die el derecho ciudadano a votar y elegir, venga de donde venga, es una expresión antidemocrática y, por tanto, inaceptable. Las diferencias deben resolverse en las urnas.
Desde hace algún tiempo, algunos actores políticos y sus operadores mediáticos están empeñados en desacreditar no solo los comicios, sino todo el sistema electoral boliviano. Lo hacen con el propósito declarado de lograr mejores condiciones para sus candidatos, hoy con apoyo mínimo en las preferencias electorales. Peor todavía: quieren proscribir por fuerza actores políticos. En tal apuesta, más bien marginal, parece no importarles desportillar la democracia o echar abajo al organismo electoral.
Una muestra de ello es la narrativa del “fraude estructural”, en la que caben varias falsedades. Ahí está por ejemplo el ataque renovado contra el padrón biométrico, supuestamente “contaminado”. No es algo nuevo. La guerra sucia contra el padrón electoral lleva más de una década. No importa que una auditoría integral realizada por expertos de la OEA haya certificado la confiabilidad del registro electoral. Tampoco el esfuerzo de transparencia que realiza el TSE mediante un Laboratorio de Integridad Electoral.
Otra falacia es la supuesta desproporcionalidad en la representación de las diputaciones. O planteado de manera ramplona: que “el voto rural vale más que el voto urbano”. Diversos estudios independientes demuestran lo contrario. También puede leerse el amplio reporte del TSE sobre distribución y asignación de escaños que, con arreglo a la normativa y varios datos en torno al sistema electoral mixto en Bolivia, concluye que “la premisa un ciudadano un voto se respeta en los procesos electorales”.
Un reciente estudio Delphi de la Fundación Friedrich Ebert muestra la percepción de riesgo por el posible desconocimiento de los resultados de la votación. Otra vez. Eso implica violencia y confrontación. Por ello es un imperativo democrático desmontar las falsedades del “fraude estructural”, cuidar la institucionalidad electoral y asumir que los comicios son la única salida pacífica y democrática a la crisis. Que no haya paso para quienes buscan otros escenarios desde sus sombrías trincheras autoritarias.
