Entre las muchas señales de depauperación del espíritu democrático y decadencia de las instituciones del estado de derecho está el divorcio entre la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) y el Órgano Ejecutivo, que no solo profundiza la ingobernabilidad, sino que además está creando adefesios normativos cuyo objeto no es ordenar la vida del país sino afectar al adversario político.
La creciente pugnacidad entre el Ejecutivo y el Legislativo, predecible desde el inicio del accidentado Gobierno transitorio, ha obligado a los conductores del primero a recurrir, como tantos otros gobierno anteriores, al uso (y posiblemente abuso) de la figura del decreto supremo y la resolución ministerial; al margen del efecto político que pudiera tener cualquiera de esas órdenes ejecutivas, en los hechos se trata de normas de corto alcance y más corta vida.
Un ejemplo de este aparente desprecio del sistema normativo se encuentra en que una decisión trascendente como el suspender, a causa de la pandemia, el derecho a la educación, consagrado en la Constitución Política del Estado; fue instruido mediante una resolución ministerial y no mediante ley, que es lo que dicta la doctrina. Falta ver cuáles serán los efectos jurídicos para los autores de esta determinación.
Por su lado la ALP, en constante muestra de creatividad y celeridad legislativa, produce y aprueba en tiempo récord leyes que el Ejecutivo no solo se rehúsa a promulgar, sino también a cumplir y hacer cumplir. El más reciente ejemplo es el de la ley que dispone la entrega del Bono contra el Hambre, que según la Presidenta interina no tiene financiamiento. Casi inmediatamente, la Mandataria transitoria ha pedido a los candidatos que siguen en carrera que “mantengan los bonos”. En cualquier caso, se trata de normas ideadas con el fin de poner piedras en el camino del Gobierno antes que hacer avances en favor de la población.
Para terminar de agravar el complicado panorama legislativo del país, donde históricamente se puede identificar desprecio por las normas tanto entre gobernantes como gobernados, es inevitable notar cierta torpeza de las personas a cargo de los procesos judiciales que impulsa el Ejecutivo, como ya se ha comentado antes en este mismo espacio.
De ahí que el Tribunal Constitucional Plurinacional haya rechazado, con el mismo argumento, sendas consultas de constitucionalidad de tres leyes propuestas y aprobadas por la bancada del MAS. Ninguna de ellas fue avalada por el TCP, y en el mejor de los casos, la situación ha provocado una incertidumbre útil para hacer inviable la aplicación de las normas.
La lección de este momento es particularmente peligrosa: si las autoridades de los dos poderes del Estado llamados a proponer, discutir, aprobar y sancionar leyes muestran tal desprecio por la forma, el fondo y la función de las leyes, es imposible que la población adopte una actitud diferente. Hay, pues, desprecio por las leyes para rato, y casi nada de fuerza para hacerlas cumplir.
