Tras sostener su candidatura presidencial durante casi ocho meses, confundida con la gestión de gobierno, la hoy excandidata Jeanine Áñez se vio forzada a dar un paso al costado por diferentes razones. La decisión abona la narrativa del “voto útil” contra el MAS y remueve parcialmente el escenario electoral. Deja también en situación crítica a las organizaciones políticas de la alianza Juntos.
Diferentes estudios de opinión mostraron de manera reiterada dos percepciones mayoritarias en el bloque anti MAS: la primera, que Áñez debió concentrarse como presidenta provisoria en llevar adelante la transición y, por tanto, nunca debió haberse postulado como candidata; y la segunda, que dado el “riesgo” de una victoria electoral de Luis Arce en primera vuelta (posibilidad cierta según la reciente encuesta de Jubileo), debía renunciar a su candidatura… a favor de Mesa. Es lo que finalmente hizo.
Hay varios factores que explican la decisión de Áñez y de su entorno político, que en los hechos implica quedar fuera de los comicios del 18 de octubre. El principal factor, sin duda, es que el binomio presidencial de Juntos aparecía cada vez más abajo en las encuestas de intención de voto. El cálculo estratégico de disputar la presidencia, razonable al principio, se fue diluyendo con la crisis múltiple. Era una tendencia irreversible pese al uso de todo el aparato estatal al servicio de su candidatura.
Otra cuestión, también vinculada a las preferencias electorales, es el efecto de la dispersión del voto en las fuerzas anti MAS, en especial en Santa Cruz. Ello implica no solo alta incertidumbre sobre si habrá o no segunda vuelta entre los dos candidatos más votados, sino también que el MAS obtenga representación mayoritaria en las cámaras legislativas. A ello se suma nuevamente la narrativa del “voto útil”, alentada por Comunidad Ciudadana, sus voceros políticos y sus operadores mediáticos.
También cuentan en la baja de la alianza Juntos factores como el agravado contexto de crisis (en especial socioeconómica), la debilidad del Gobierno provisorio, el uso de recursos públicos en campaña electoral, las renovadas denuncias de corrupción, la sensación de parálisis en la gestión pública, la frágil pacificación, la previsible sobrecarga de demandas ante un régimen sin capacidad de respuesta, disputas internas, en fin, el costo político-electoral de una gestión de gobierno cuestionada.
En relación a las consecuencias de la renuncia de Áñez a su candidatura, la más evidente es la situación incierta y crítica de los socios de la alianza: Demócratas, Unidad Nacional, Sol.bo y Todos. Sobre los efectos en la intención de voto no hay datos todavía, aunque se presume que Mesa y Camacho disputarán el electorado “añista”. Podría esperarse también que ahora, lejos del proceso electoral, la Presidenta provisoria se concentre en la gestión en las pocas semanas de gobierno que le quedan.
