Este diario y Extra, y su principal accionista, Carlos Gill Ramírez, enfrentan una incesante campaña de desprestigio hace meses. En varios medios de comunicación se publicaron denuncias falsas y malintencionadas de políticos y periodistas que en los últimos días pretendieron afectar esta empresa y a su propietario, tergiversando el contenido de un informe de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), del Ministerio de Economía y Finanzas.
En efecto, sobraron especulaciones y falsos supuestos con la evidente finalidad de desinformar y desprestigiar cuando se denunció hace pocos días que La Razón y Extra habrían sido adquiridos con recursos del programa de inversión social “Bolivia Cambia, Evo Cumple”, financiado en parte con créditos venezolanos.
Este lunes, esta empresa periodística explicó con pruebas documentales que ambos periódicos se compraron mediante un intercambio de acciones entre empresas privadas, no habiendo existido entrega de dinero de por medio. Se dejó sentado también que PRISA vendió al grupo de Carlos Gill Ramírez en octubre de 2009 únicamente La Razón y Extra, dejando en claro que PRISA no vendió al grupo de Gill Ramírez la televisora ATB. Este último nunca tuvo intención de compra sobre dicha red de televisión, pues cuando se relacionó con el Grupo PRISA, las acciones de la cadena televisiva ya habían sido vendidas en enero de 2009. La Razón y Extra se vendieron en octubre de 2009. Las dos ventas realizadas por el Grupo PRISA no están relacionadas de ninguna forma entre sí.
Asimismo, desmentimos que Carlos Gill Ramírez haya constituido la Fundación Siglo XXI para recibir recursos del programa “Bolivia Cambia, Evo Cumple”. El informe de la UIF dice que esta Fundación recibió recursos de manera ilegal de la Embajada de Venezuela en Bolivia. Resulta que de una simple revisión de documentos registrados en la Gobernación del departamento de La Paz, se comprueba que Gill Ramirez no solo no fue socio fundador, sino que en agosto de 2008, cuando renunciaron todos sus asociados y se procede a la inclusión de tres nuevos socios, tampoco figura en los registros. Por tanto, tampoco participó ni pudo haber participado en la disposición de los recursos con los que contaba dicha Fundación.
A estas alturas de tan persistente campaña queda expuesta la violación a los principios fundamentales de la libertad de expresión y libertad de prensa. Reiteramos desde este espacio que dicha situación será denunciada ante la Asociación Nacional de la Prensa de Bolivia (ANP), ante la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) y ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Buscamos garantizar nuestro derecho al ejercicio periodístico sin restricciones ni amenazas veladas, como precepto fundamental de la democracia y el Estado de Derecho.
