Es posible que esta semana haya sido una de las más duras y amargas para la Presidenta interina y el Gobierno que conduce: al sonado retiro del que hasta el lunes fuera Ministro de Economía y Finanzas, le siguió la polémica por el viaje del nuevo titular de esa cartera sin siquiera tomar posesión de su despacho y, luego, la que ocasionó el Ministro de Gobierno, también por viajar.
Aunque es un hecho que el Gobierno transitorio ha dado constantes muestras de inestabilidad a juzgar por el número de cambios de titulares en diferentes ministerios, además de la casi desaparición de dos de ellos, lo sucedido con el alejamiento no voluntario del exsenador Óscar Ortiz ha sido una preocupante señal, sobre todo porque la mandataria afirmó que se debió a un “malestar intestino” en su gobierno.
En efecto, el cruceño, uno de los tres hombres que acompañó a la Presidenta transitoria literalmente desde el momento en que entró al Palacio de Gobierno munida de su voluminosa Biblia, fue alejado del gabinete por rehusarse a validar una peligrosa cuanto confusa operación mediante la cual pretenden devolver las acciones de la Empresa de Luz y Fuerza Eléctrica de Cochabamba (ELFEC), nacionalizada años atrás, a sus antiguos propietarios.
El conflicto fue resuelto con un decreto supremo que instruye acciones similares a las ejecutadas en el momento en que se decidió expropiar las acciones de manos de privados y grupos de trabajadores de la empresa, es decir la “debida diligencia” para conocer el valor de la compañía y la pertinencia de cambiar su estructura de propiedad.
Mas no solo tuvo que lidiar con la controversia que la salida de Ortiz causó en la opinión pública y, sobre todo, en su partido político, Demócratas, sino también con la que planteó el viaje del Ministro de Gobierno a Estados Unidos a cumplir tareas que debieran pertenecerle a la Ministra de Relaciones Exteriores, quien a su vez se encuentra en Bruselas buscando apoyo de la Unión Europea.
Lo más preocupante del viaje del Ministro de Gobierno ocurrió el miércoles, cuando en reunión con el Secretario General de la Organización de Estados Americanos (OEA) le reveló la posibilidad de un “fraude” en las elecciones del 18 de octubre, obteniendo como respuesta una alarmante declaración del jefe del más importante organismo multilateral del hemisferio, quien denunció la posibilidad de un fraude electoral, pese a que tiene un equipo de expertos desplegado en el país, precisamente para evitar que tal cosa ocurra.
La recta final del gobierno de Áñez se anuncia conflictiva y volátil, no solo por la evidente dispersión de las fuerzas que la llevaron a la presidencia interina, sino también por las sospechas de intenciones antidemocráticas en varios frentes políticos. Hará falta, pues, mucha madurez política y vocación democrática para evitar tentaciones autoritarias que pueden desembocar en intentos de romper el precario orden constitucional todavía vigente. Ojalá las fuerzas políticas en carrera estén a la altura de este nuevo desafío.
