Las elecciones 2020 han concluido en todas sus etapas con la publicación, por parte del TSE, de los resultados oficiales de la votación. Ello se consagró con la entrega de credenciales a las autoridades electas. Pese a ello, algunos grupos radicales, de talante violento y antidemocrático, se niegan a respetar la voluntad ciudadana expresada en las urnas. La democracia, otra vez, bajo asedio.
A solo cuatro días de la posesión de Luis Arce como presidente del Estado Plurinacional, es preocupante que algunos grupos de derecha, con fuerte simbología religiosa, insistan en la insostenible narrativa del “fraude”, exijan la nulidad de los comicios (como ocurrió el año pasado) y alienten un golpe de Estado militar. Es crítico también que fuerzas políticas democráticas mantengan silencio, bastante parecido a la complicidad, frente a este inaceptable intento de quebrar el orden constitucional.
Como lo han certificado de manera coincidente e inequívoca todas las misiones de observación electoral, tanto nacionales como internacionales, las elecciones del 18 de octubre se desarrollaron según estándares verificables de integridad y transparencia. No existe pues ningún argumento válido para desconocer el resultado. Y no cabe la demanda de una “auditoría forense” (sic), a la que se sumó, en un primer momento, la jerarquía católica de modo irresponsable, como instrumento para tratar de impedir la posesión del nuevo Gobierno.
El sistema electoral boliviano, según la normativa vigente en democracia, establece con claridad las reglas, plazos y procedimientos para la realización de elecciones. Ello incluye el fundamental principio de preclusión, según el cual las etapas y resultados de un proceso no se revisan ni repiten. En ese marco, el presidente del TSE, Salvador Romero, es concluyente: “el proceso electoral de 2020 ha concluido y se encuentra plenamente validado”. El MAS-IPSP ganó con el 55% de votos. No hay marcha atrás.
Conforme a este principio reafirmado en las urnas con amplia participación ciudadana, el desconocimiento de las autoridades electas, el desesperado intento por frenar su posesión y la apuesta por un gobierno militar, constituyen no solo un acto de golpismo, sino también el delito de sedición. Peor todavía cuando, más allá de las declaraciones, implican hechos de violencia, bloqueos, toma de instituciones. Resultan por ello inaceptables y mal haría la oposición democrática en no condenarlos enfáticamente.
Las elecciones generales 2020, postergadas tres veces, se realizaron limpiamente y han concluido. La ciudadanía expresó sus preferencias en democracia y hay un gobierno y representantes electos. El resultado ha sido plenamente reconocido por todos los actores relevantes y por la comunidad internacional. Por ello, desde este domingo habrá un gobierno legítimo que, sin demora, debe gobernar sin exclusiones y construir acuerdos amplios para enfrentar la crisis múltiple y las divisiones en el país.
