La posesión este domingo de Luis Arce como presidente y David Choquehuanca como vicepresidente del Estado Plurinacional de Bolivia marca un retorno a la senda de gobiernos constitucionales en el país. Pero sobre todo implica una victoria de la democracia que, de manera pacífica y participativa, se impuso en las urnas a tentaciones violentas y autoritarias. Debemos celebrarlo.
Luego de la crisis de octubre y noviembre del año pasado, que derivó en la forzada renuncia del expresidente Evo Morales, tuvimos en Bolivia un año de Gobierno provisorio, más bien opaco, cuyo balance está por hacerse. Así, hubo que esperar 12 meses, en medio de una crisis múltiple (pandemia incluida) con polarización, para que haya un gobierno cuya fuente de legitimidad proviene de las urnas. Y el mandato de la votación fue ampliamente mayoritario para el binomio y asambleístas del MAS-IPSP.
Pese a la contundencia del resultado de los comicios, cuya integridad y transparencia fueron avaladas por más de una docena de misiones de observación y acompañamiento, el camino de recuperación democrática está lejos de ser llano. Persiste la narrativa y la acción de grupos que, desde un ciego fundamentalismo, se muestran incapaces de aceptar la decisión de la ciudadanía y recurren, sin ninguna evidencia, a la muletilla del “fraude” (algo similar a lo que ocurre hoy mismo en Estados Unidos con Trump).
Pero la democracia, como se demostró el 18 de octubre, es más fuerte. Y los votos cuentan e importan. Desde hace casi cuatro décadas, las y los bolivianos apostamos por elegir a nuestras autoridades y representantes. No solo elegimos: también decidimos en referendos. Esa construcción democrática, con sus momentos altos y sus crisis (como en los años 2003 y 2019), no puede ser ignorada, y menos echada abajo, por quienes apelan a los tribunales o a los cuarteles si el resultado del sufragio no les gusta.
Hoy se consolida pues la democracia con un gobierno resultante de la voluntad popular. Pero es crítico que la cultura política en el país albergue parcelas autoritarias que parecen haber renunciado a las reglas democráticas. No de otra forma se entienden las acciones de grupos violentos, dirigencias cívicas, operadores mediáticos y hasta de una irresponsable vocal del TSE que convergen en el desesperado intento de “parar la posesión” de las autoridades electas, o al menos malograr su legitimidad de origen.
Y la democracia no se detiene. Ni puede congelarse mientras algunos negacionistas claman “auditoría forense” (sic) con la infundada esperanza de revertir la votación, anularla o detonar el sistema electoral con fantasiosos “bloques de data externos”. Dentro de apenas 48 horas el TSE emitirá la convocatoria para los comicios departamentales y municipales a realizarse el 7 de marzo. Harían bien las fuerzas políticas en postular buenos candidatos, sólidos planes de gobierno y, si pueden, ganar elecciones.
