A un año de la intervención militar en Senkata, que dejó una decena de muertos y fue calificada de “masacre” por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el país necesita no solo justicia por ese crimen y el de Sacaba, sino sobre todo verdad. Mientras no se sepa con certeza qué pasó entre el 20 de octubre de 2019 y el 18 de octubre de 2020, será difícil restañar las heridas.
El recuerdo del cruento desenlace del bloqueo en el Distrito 8 de El Alto ha hecho que vuelvan a aflorar las pasiones, y el flamante Gobierno tiene ante sí un escenario de polarización en las opiniones, creencias e ideologías tal que pareciera que mientras más se habla de democracia menos se la practica. Es el resultado de la erosión de la confianza en las instituciones.
Erosionada está, por ejemplo, la credibilidad de la CIDH, solo por convenir a una de las partes indagadas por los crímenes de noviembre del año pasado; en días más llegará una comisión de expertos para conocer qué sucedió luego de la posesión de la que fuera Presidenta interina durante casi un año; las evidencias de sistemáticas vulneraciones a los derechos humanos son abundantes, y necesitan con urgencia una interpretación coherente.
Sin embargo, precisamente porque fue sistemática la violación de derechos, no se trata solamente, como pareciera creer la opinión pública, de conocer, juzgar y sancionar dos hechos, cruentos pero puntuales, y que recaerán sobre personas individuales, sino de saber qué realmente sucedió en torno a la forzada renuncia del entonces Presidente Constitucional, así como a la posesión de la Presidenta interina y al gobierno que condujo.
En tiempos de confusión generalizada, en parte producida deliberadamente por agentes políticos que hacen denuncias y contradenuncias, si es que no se declaran abiertamente sediciosos, o delatoras, como una excandidata a diputada, las opiniones cristalizan en torno a dos polos: el que sostiene que hubo una “revolución” ciudadana y el que afirma que fue golpe de Estado.
Comprender las dimensiones de un movimiento que llevó a miles de personas a las calles durante casi tres semanas, pero sobre todo las fuerzas detrás de esa movilización, sus intenciones y el verdadero efecto de sus actos, demanda la búsqueda de una verdad que trascienda el ámbito jurídico y los dos casos que hoy acaparan la atención de los medios y la opinión.
Bolivia está profundamente dividida, cubierta de dolor, y también de rencor. Hallar puntos de encuentro, de reconciliación y hasta de unidad pasa por recuperar, pero sobre todo practicar los valores democráticos, hoy tan venidos a menos. Encontrar la verdad histórica puede ser un buen método para el sinceramiento generalizado y la verdadera recuperación de la democracia, entendida como un modo de vida que se practica tanto en lo público como en lo privado y no como un simple conjunto de procedimientos para elegir autoridades y líderes.
