Desde hace poco más de una semana, Colombia se ha sumado a la lista de países cuya población ha salido a las calles a protestar contra el gobierno y las condiciones sociales y económicas en que vive. Lo que empezó como una manifestación pacífica el 28 de abril en rechazo a un proyecto de reforma fiscal se transformó en la más grave movilización de los ultimos años.
A mediados de abril, el presidente Iván Duque envió al Congreso un proyecto titulado “Ley de solidaridad sostenible” que incluía el aumento del IVA del 16% al 19%, la ampliación de la base tributaria incluyendo a población de las clases media y baja, y un nuevo impuesto sobre la renta. Los reportes periodísticos señalan que incluso los legisladores del partido del gobernante se mostraron poco entusiastas, si no escépticos.
Días después comenzaron las movilizaciones, que debido a la presencia de agentes vinculados con grupos armados y no poca población inclinada a la violencia y el vandalismo dadas sus condiciones de vida, y que a su vez fueron reprimidos con violencia excesiva por parte de la Policía, degeneraron en actos violentos y algunos enfrentamientos, lo cual permitió al Presidente y su Ministro de Defensa señalar que se trata de movimientos desestabilizadores, justificando de esta manera el recrudecimiento de la represión.
Una semana después de iniciadas las movilizaciones, y con varias ciudades militarizadas, una organización de defensa de los DDHH reportó 31 muertos y más de 1.443 casos de violencia policial, incluyendo decenas de casos confirmados de violencia sexual contra mujeres; a su vez, la Defensoría del Pueblo reportó un número de 88 desaparecidos, mientras que las ONG hablan de más de 170. Todas esas cifras han aumentado en los últimos días.
Si bien el Presidente logró durante el fin de semana pasado que el proyecto normativo sea retirado y anunció uno nuevo, que eliminará los aspectos conflictivos, la protesta no disminuyó y mucho menos la violencia estatal, al extremo que la ONU, la Unión Europea, Estados Unidos y organizaciones de derechos humanos levantaron la voz contra los abusos policiales, con la evidente excepción de la OEA, cuyo Secretario General prefiere hablar de la democracia en Bolivia y no de lo que sucede en Colombia.
Lo que queda claro en este caso, al igual que lo sucedido en Chile meses atrás, es que la protesta en contra de la reforma fiscal es apenas un síntoma de algo mucho más grave y profundo. En un país donde solo en 2020 se registraron más de 200 asesinatos de líderes sociales, que desde la firma del acuerdo de paz con la guerrilla de las FARC no ha visto disminuir la violencia y donde entre 2019 y 2020 se ha multiplicado el número de personas viviendo por debajo de la línea de la pobreza, hasta superar el promedio latinoamericano, era inevitable el estallido social. Es posible, sin embargo, que el resultado de las movilizaciones incluya el fin del poder del expresidente Álvaro Uribe.
