El exministro de Gobierno Arturo Murillo sigue acumulando juicios. A la fecha ya es objeto de una decena de procesos penales por su actuación durante el régimen provisorio de Áñez. Murillo fue el hombre fuerte de ese régimen, el rostro más visible y autoritario. Desde noviembre del año pasado está fuera del país. La posibilidad de su enjuiciamiento en rebeldía está en debate.
Durante los casi 12 meses del gobierno de Áñez, la figura que más destacó en el gabinete por su violencia verbal, sus afanes persecutorios y sus acciones arbitrarias fue el señor Arturo Murillo, quien fuera primero diputado y luego senador de la mano del empresario Samuel Doria Medina, jefe de Unidad Nacional. En su gestión como titular de Gobierno, Murillo impulsó numerosos juicios contra personas vinculadas al MAS. Los presos a su cargo se cuentan por centenas. Su acusación favorita fue “sedición”.
Con el cambio de gobierno tras las elecciones que ganó Arce con mayoría absoluta de votos, hoy el enjuiciado es el exministro. Las causas son diversas. La más reciente es por “sustitución del objeto del delito”, esto es, desaparición de droga de una incautación. También hay una denuncia de la Unidad de Investigaciones Financieras y, entre otros delitos, se lo acusa por la compra con sobreprecio de material antidisturbios. Murillo tiene incluso una denuncia por no extraditar a un narcotraficante.
Los juicios no solo alcanzan al exministro, sino también a funcionarios que fueron parte de su gestión. Ayer mismo se anunció el inicio de 49 procesos administrativos y cuatro procesos penales por presunta malversación. A reserva de cómo avancen las investigaciones a cargo del Ministerio Público y la posible imputación del señor Murillo por diferentes delitos, sin duda el asunto más crítico tiene que ver con las masacres de Sacaba y Senkata, que podría derivar en un juicio de responsabilidades.
Seguramente consciente de lo que le esperaba con el cambio de gobierno, el extitular de Gobierno fugó del país pocos días antes de la posesión del presidente Arce. Se sospecha que está en algún lugar de Estados Unidos. Otras exautoridades del régimen de Áñez, como el exministro de Defensa, siguieron el mismo camino. Este hecho dificulta o impide el curso de los procesos penales, como ocurrió en su momento con autoridades del gobierno de Morales que abandonaron el país tras la renuncia del expresidente.
Un tema en debate en torno a estos procesos, que algunos ven como persecución política, es si proceden o no juicios en ausencia. En marzo pasado, el ministro de Justicia, Iván Lima, informó que el TCP había emitido una sentencia que declara inconstitucional el juicio en rebeldía y en ausencia. Hace poco el presidente del Tribunal Constitucional, Paul Franco, desmintió a Lima y negó enfáticamente que exista tal fallo, que más bien sigue en trámite. Habrá que esperar la decisión formal y oficial del TCP al respecto.
