El arresto del exministro de Gobierno Arturo Murillo en EEUU, acusado de sobornos y lavado de dinero a través del sistema financiero de ese país, ha confirmado dos cosas que se sospechaban: que el gobierno transitorio será más recordado por la galopante corrupción que por cualquier otra cosa; y que el entonces hombre fuerte es el emblema de todo cuanto estuvo mal en ese gobierno.
Aunque la noticia se conoció en Bolivia recién el miércoles, el exministro y exparlamentario fue detenido entre el viernes y el sábado de la semana pasada, según el boletín publicado por el Departamento de Justicia estadounidense. El exministro y sus socios, otro boliviano y tres estadounidenses, todos arrestados, participaron de un “esquema de soborno entre noviembre de 2019 y abril de 2020”, organizado en torno a la compra de equipo antidisturbios de procedencia brasileña.
En su momento el tema fue denunciado en el país, y en varias ocasiones el entonces autoritario ministro afirmó que no había nada de irregular en comprar implementos de una fábrica brasileña a través de un intermediario en EEUU y a un precio mucho mayor que el que habitualmente paga el Estado boliviano a la misma fábrica. El daño económico al Estado es de al menos $us 2,3 millones.
En el momento más dramático del caso, el periodista que tuvo la valentía de denunciarlo y ofrecer pruebas, fue acosado a tal punto que debió buscar refugio por un tiempo. Los operadores mediáticos no solo, como siempre, ignoraron al colega víctima de acoso, olvidando defender la libertad de prensa y la libertad de expresión, sino tampoco recogieron la evidencia ni hicieron seguimiento al tema, más bien todo lo contrario.
En la arena política, los mismos que eventualmente obtuvieron algún beneficio del gobierno transitorio y su estilo, además de hacer la vista gorda ante los excesos y abusos del ahora detenido en Miami, hoy se rasgan las vestiduras y hacen declaraciones que les dejan en ridículo, como las del Gobernador de Santa Cruz, los excandidatos Quiroga y Mesa, y hasta la expresidenta interina, que deploran aquello que en su momento aplaudieron, comenzando por las matanzas en Sacaba y Senkata.
El Gobierno, por su parte, ya anunció que solicitará la extradición, seguramente sabiendo que el exministro primero deberá ser procesado por los delitos cometidos en territorio estadounidense, causa verdadera de su arresto, y no los crímenes que hubiera cometido en Bolivia, como parte de la opinión pública boliviana quiere creer.
No es el primer exministro de esa polémica cartera que sufre ese destino, en la década de los ‘90 le tocó a Luis Arce Gómez, que cumplió 20 años de presidio en EEUU antes de volver a Bolivia a pagar sus crímenes de la dictadura. La Justicia, pues, será servida no en y desde Bolivia, sino en el extranjero y a causa de su imprudencia y codicia, origen, seguramente, del grotesco apodo que le puso su exjefe político.
