Muchos se lamentan de la lentitud de la Fiscalía y de otras instancias encargadas de luchar contra la corrupción pública en Bolivia. El caso Murillo y su tratamiento en Estados Unidos es un ejemplo sobre todo de una investigación exhaustiva, bien documentada, enmarcada en un debido proceso y, por tanto, que se ha tomado su tiempo antes de imputar o detener a los implicados.
La aparición de numerosas críticas a la ineficiencia de la Fiscalía y otros órganos de investigación de la corrupción en Bolivia ha sido uno de los impactos del destape del caso Murillo en la jurisdicción estadounidense. Muchas voces han hecho énfasis en la supuesta lentitud en la detención de los implicados y la sanción de esas situaciones en el país. Una vez más la primera reacción que surge en la opinión pública frente a este tipo de eventos es el reclamo por rápidas acciones punitivas.
Sin embargo, los antecedentes sobre la manera cómo las autoridades federales de Estados Unidos han manejado el caso muestran que lo que las instancias jurisdiccionales nacionales deberían más bien aprender tiene que ver con la pulcritud y eficiencia del proceso investigativo que luego justifica las imputaciones y detenciones de los implicados.
Por lo que se sabe, las indagaciones se iniciaron con sospechas acerca de movimientos extraños en cuentas de bancos estadounidenses bajo regulación federal a inicios del año pasado, las cuales llevaron a una amplia revisión y seguimiento de manejos financieros e intercambios de mensajes telefónicos y digitales, los cuales permitieron describir con mucha precisión la manera cómo se habrían cometido esos delitos y el grado de responsabilidad de cada uno de los imputados.
El escándalo en cuestión es grande, entre otros factores, porque el reporte de los agentes federales estadounidenses muestra de manera descarnada, precisa y bien sustentada cómo el delito fue cometido. Resultados que no se obtuvieron únicamente en base a declaraciones de detenidos preventivos o indicios aproximados de los hechos, como suele ser el caso en Bolivia con demasiada frecuencia, sino con un trabajo científico y exhaustivo de largo aliento que duró casi un año.
Y hay aún algo más extraño desde la perspectiva de las prácticas judiciales y policiales de nuestro país: las imputaciones y detenciones de los involucrados se realizaron una vez establecido un conjunto concluyente de indicios y pruebas, no antes de que éstas sean producidas.
En pocas palabras, lo que se debería aprender de esta experiencia es la necesidad de sustentar cualquier decisión judicial con investigaciones científicas, sólidas y documentadas, las cuales no deberían ser nunca hechas en medio del apuro o la presión indebida y que además deben ser realizadas con un debido proceso y garantizando la presunción de inocencia incluso de personas que habrían cometido graves delitos contra la comunidad.
