La interpelación al ministro de Justicia, Iván Lima, repuso en escena la disputa política entre los dos relatos que hoy polarizan en el país: “fraude” versus “golpe”. Es una pugna irresuelta y, está visto, irresoluble. En todo caso, es evidente que, a la fecha, en la Justicia boliviana, nadie ha podido probar las altisonantes denuncias de fraude en las elecciones generales de 2019.
El relato del fraude en los comicios del 20 de octubre no se instaló la noche de los comicios, sino mucho antes. Baste recordar que las semanas previas a la votación, cabildos opositores en varios departamentos proclamaron que, si Evo Morales ganaba las elecciones, sería con fraude. No reconocerían, por tanto, el resultado. Algunos operadores mediáticos, encuestas incluidas, asentaron tal imaginario. El antecedente, como bandera, es el deplorable desconocimiento al resultado del referéndum del 21F.
La profecía autocumplida del “fraude” se convirtió en discurso movilizador cuando las autoridades del TSE cometieron el imperdonable y monumental error de suspender la transmisión de resultados preliminares. A partir de esa decisión, se montó la narrativa en torno al TREP y el “cambio de tendencia” (sic) en el último cinco por ciento de la votación. Al día siguiente de los comicios, sin resultados oficiales, la oscura Misión de Observación Electoral de la OEA consagró el relato con un comunicado.
Lo que sigue es historia conocida, pero no por ello menos confusa. Por alguna extraña razón, el gobierno de Morales le regaló a la OEA de Almagro el mecanismo para reafirmar su posicionamiento del 21 de octubre (“cuestionar la integridad del resultado”): una auditoría integral y vinculante. El Informe de la OEA, respaldado por algunos estudios, pero ampliamente refutado por otros, fue exhibido como evidencia. Y sirvió para la “captura” y juicio penal de casi medio centenar de vocales electorales.
Desde entonces han transcurrido veinte meses. Nada menos. Y durante este tiempo, con innumerables diligencias, declaraciones, pruebas periciales, reconstrucciones de hechos y revisión documental, el Ministerio Público no encontró elementos de prueba ni fundamentos para sostener la acusación de fraude. Así, se produjo el sobreseimiento de los exvocales departamentales en los nueve juicios iniciados en noviembre de 2019. Están en fase final dos procesos penales contra los exvocales del TSE.
El dato concreto, pues, es que el sistema judicial del país (que durante un año estuvo bajo presión de la Procuraduría y bajo amenaza del otrora poderoso exministro Murillo) no ha podido sostener los juicios por “fraude”. Quedan responsabilidades, incluso penales, por la suspensión del TREP, que deben ser esclarecidas y sancionadas. Sigue en impunidad también la quema de cinco tribunales electorales departamentales. Lo demás es y seguirá siendo, por mucho tiempo, una malograda disputa de relatos.
