Por mandato de la Constitución Política del Estado, las Fuerzas Armadas tienen como misión fundamental la defensa y conservación de la independencia, la seguridad y la estabilidad del Estado, así como de la soberanía del país. Ese mandato se puso en tela de juicio durante la crisis de octubre- noviembre del 2019. Y hoy está en cuestión como una mancha en la institución militar.
En el marco de la crisis político- institucional del año 2019, que derivó en el derrocamiento del expresidente Evo Morales y un régimen transitorio, el alto mando de las Fuerzas Armadas tuvo dos intervenciones protagónicas, que no admiten interpretación o duda. La primera, el 12 de noviembre, en conferencia de prensa, fue la “sugerencia” de renuncia del presidente electo. La segunda, ya en la gestión de Áñez, fue su papel en las masacres de Sacaba y Senkata, con más de una veintena de muertos.
Hoy los comandantes militares de entonces están siendo juzgados por ambos hechos. Algunos guardan detención preventiva, otros habrían fugado del país. Se presume que incumplieron el precepto constitucional de que las FFAA son esencialmente obedientes, no deliberan, están sujetas a las leyes y como organismo institucional no realizan acción política. Asimismo, están bajo sospecha de no haber asegurado el imperio de la Constitución ni haber garantizado la estabilidad del Gobierno legalmente constituido.
Más allá de las responsabilidades personales que pudiese haber, que deben investigarse y en su caso sancionarse bajo principios de presunción de inocencia y debido proceso, los hechos mencionados tienen un alto costo en la imagen de la institución militar. En democracia, se espera que las FFAA tengan protagonismo, en esencia, en la defensa de la soberanía nacional y en el desarrollo integral del país. Es crítico cuando se las asocia, más bien, a un hecho de quiebre y al uso letal de la fuerza.
En el acto oficial de celebración por el 196 aniversario de las Fuerzas Armadas, realizado en la ciudad de Sucre, el presidente constitucional del Estado, Luis Arce, les hizo un llamamiento para iniciar un nuevo ciclo. Ello pasa por “recuperar la confianza del pueblo para avanzar en la consolidación de la democracia intercultural y de un Estado Plurinacional descolonizado, despatriarcalizado, libre de racismo, de opresión y de discriminación”. Es un gran desafío para la entidad militar del país.
Claro que pensar en una nueva época para las FFAA implica un inequívoco ¡nunca más! En un Estado constitucional de derecho, nunca más puede ocurrir que “algunos malos militares” –en palabras de Arce– asuman acción política orgánica para derrocar un gobierno electo. Y en especial, nunca más la fuerza pública, con o sin decreto de exención de responsabilidad penal y a título de “restablecimiento del orden”, puede producir una masacre. Fuerzas Armadas para la democracia y los derechos humanos es el imperativo.
