Tras ocho meses de rigurosa investigación en terreno, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) presentó su Informe. Una conclusión central es que los hechos de Sacaba y Senkata, con los cuales se estrenó el régimen provisorio de Jeanine Áñez, fueron masacres. Esta constatación implica verdad, reparación integral a las víctimas y juicio contra los responsables.
Según diferentes informes, ratificados ayer por el GIEI, la crisis poselectoral de octubre-noviembre de 2019 dejó un saldo de al menos 38 muertos y centenares de heridos, la mayoría de ellos por uso desproporcionado de la fuerza pública a cargo de militares y policías. La responsabilidad del Estado es evidente en estas graves violaciones de los derechos humanos. En el caso de las masacres de Sacaba y Senkata, se hicieron al amparo de un Decreto Supremo de impunidad firmado por Áñez y sus ministros.
El antecedente del Informe del GIEI es un informe preliminar realizado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que estuvo en el país en noviembre de 2019 y documentó una situación de violaciones masivas de derechos humanos. Así, en enero de 2020 se firmó el acuerdo para la conformación del GIEI, pero su trabajo recién pudo realizarse a partir de noviembre, ya que durante el régimen de Áñez se pusieron una serie de obstáculos y vetos para su conformación e instalación.
Ahora finalmente el país conoce el robusto informe de 468 páginas del GIEI, el cual demuestra que en el período de septiembre a diciembre de 2019 se cometieron graves violaciones de los derechos humanos en Bolivia, incluidas masacres, torturas, detenciones ilegales, criminalización y persecución política, discursos de odio, actos de racismo y violencia de género. Se trata de un documento invaluable para la memoria y para “rendir tributo a la verdad y procurar la justicia”, como señala una de las expertas.
Con relación a los hechos de Sacaba (15 de noviembre) y de Senkata (19 de noviembre), el Informe señala que “la reacción de los militares y de la policía fue desproporcionada y condujo deliberadamente a la pérdida de vidas y a graves lesiones de los manifestantes”. En consecuencia, los califican de manera inequívoca como masacres. Las 20 muertes producidas por armas de fuego de la fuerza pública contemplan hasta ejecuciones sumarias, además de posterior tortura y tratos inhumanos a los detenidos.
Se caen así los vanos intentos por negar, justificar o legitimar estas masacres. No debemos olvidar que el régimen de Áñez, actores de la oposición y sus operadores mediáticos pretendieron imponer versiones de que “se mataron entre ellos”, hubo “fuego cruzado” (sic), “iban a hacer volar la planta de gas”. También hubo condenables silencios, como el de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos. Hoy se reafirma que en Sacaba y Senkata se masacró con el aval de un Decreto. Procede pues un pronto juicio de responsabilidades.
