El impecable Informe sobre los hechos de violencia y vulneración de los derechos humanos ocurridos en 2019 en Bolivia, elaborado por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), muestra cuán vulnerables pueden ser los derechos humanos. Pone en evidencia también la debilidad del Estado de Derecho y de la democracia. E interpela a la propia sociedad y sus medios.
Lo primero que debemos preguntarnos como país tras la lectura del Informe es cómo una coyuntura crítica, cualquiera sea su signo, puede derivar en graves y masivas violaciones de los derechos humanos. Es como si en 40 años de democratización no hubiésemos avanzado nada.
¿Cómo se explica sino que en el periodo de referencia se hayan perpetrado masacres, ejecuciones sumarias, torturas, persecuciones, detenciones ilegales, discursos de odio, actos racistas, violencia sexual? Es de terror.
Con un enfoque centrado en las víctimas, el Informe del GIEI pone al Estado boliviano en el banquillo de los acusados: vulneró directamente derechos o no los protegió. En primera fila están las fuerzas de seguridad (Fuerzas Armadas y Policía) que, al amparo de un decreto y por tanto con sensación de impunidad, dispararon contra personas, mataron deliberadamente, torturaron, vejaron mujeres. Y lo hicieron cargadas de odio racial. Una democracia no puede convivir con esos militares y policías.
En segunda fila están los operadores de justicia. Las acciones y omisiones violatorias de derechos fundamentales por parte de fiscales y jueces son impresionantes. El Grupo de Expertos muestra casos de gran negligencia en las investigaciones, dejando sin sanción a responsables evidentes de actos violentos. En otros casos, en sintonía con policías, imputan sin pruebas solo por el color político o, peor, el color de piel. Es larga la lista de detenciones ilegales y abusos de estos administradores de injusticia.
Y hay responsabilidad en autoridades de gobierno y actores políticos que propagaron discursos beligerantes, de confrontación, discriminatorios, en algunos casos mintiendo con descaro (en el extremo está el ministro afirmando que las víctimas de la masacre “se mataron entre ellos”). Es grave asimismo que varios medios de comunicación hayan repetido y amplificado esas versiones sin escuchar a las víctimas, o hayan ocultado hechos e incluso legitimado las muertes distorsionando la información.
La violación de derechos humanos fue obra también de personas, “activistas” y grupos de la sociedad. Es inconcebible, por ejemplo, como revela el Informe del GIEI con base en testimonios, que algunos médicos se hayan negado a atender a personas heridas, algunas de bala, porque eran “indios” o “masistas”. Peor aún: con la permisividad de la Policía, vándalos quemaron casas, buses e instituciones; y con la venia del régimen provisorio, operaron grupos violentos y racistas como la RJC.
El Informe del GIEI es un espejo que nos ha puesto como país ante un espejo roto. La única reparación posible es con verdad y justicia.
