El sábado último se ha recordado 50 años del golpe de Estado que llevó al entonces coronel Hugo Banzer a la silla presidencial e inauguró la más larga dictadura en la historia boliviana contemporánea. Medio siglo de impunidad, pues nunca hubo juicio ni mucho menos condena para el militar golpista y la extensa lista de sus colaboradores. Hoy más que nunca urge conservar la memoria.
Se trata de un golpe de Estado que tomó meses cristalizar, pues ya en enero de 1971 un grupo de oficiales, entre quienes estaba el coronel Banzer, se había amotinado, sin éxito, en el Gran Cuartel de Miraflores. Triunfó meses después gracias al decidido apoyo de la Falange Socialista Boliviana (FSB) y el Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), cuyo líder histórico acompañó al flamante dictador en varios actos en La Paz y Santa Cruz de la Sierra.
Siete años después, cuando finalmente el dictador dejaba, derrotado, el gobierno, las cifras de su nefasta dictadura, que se inició con la supresión de los derechos constitucionales e hizo ejercicio de la crueldad metódica durante toda su duración, incluían 468 personas asesinadas, 3.059 detenidas, 1.922 confinadas y exiliadas, y al menos 176 personas desaparecidas. Pocas o ninguna de esas personas han recibido una justa reparación.
Según miembros de la Comisión de la Verdad, el gobierno golpista supo borrar sus huellas antes de abandonar el poder, de tal suerte que casi medio siglo después no se encontró documentación de lo sucedido durante esos siete años de dictadura, y lo poco que quedaba, una docena de carpetas con documentación reunida por Marcelo Quiroga Santa Cruz para el juicio de responsabilidades que nunca pudo iniciarse fue secuestrada en el golpe de 1980.
No fue solo la voluntad de quienes creyeron (y todavía creen) que la historia los olvidará; las y los que deliberadamente trataron de cubrir sus huellas recibieron la colaboración de las élites, particularmente las que más se beneficiaron de los negocios que el oscurantismo y la censura mediática ayudaron a esconder, al extremo que casi 20 años después de terminada su dictadura, Banzer pudo retornar a la presidencia como mandatario constitucionalmente electo.
El precio de no haber sometido a la Justicia a quienes perpetraron el golpe y gobernaron el país a sangre y fuego ni haber sancionado las múltiples vulneraciones a la Constitución, particularmente en lo que se refiere a los derechos humanos, ha provocado que aún hoy haya gente dispuesta a defender al nefasto gobierno iniciado el 21 de agosto de 1971, cuando no a negar los excesos cometidos.
Allí donde la justicia humana ha fallado en investigar y sancionar a quienes son culpables de la dictadura, la memoria social tiene el deber de hallar la verdad y levantarla como un faro, para evitar que las nuevas generaciones crean que no pasó nada y sobre todo para que nunca más las aventuras golpistas se repitan o tengan éxito.
