Con el mismo propósito, aunque por diferentes caminos y con énfasis distintos, tanto el oficialismo como la oposición han postulado propuestas para avanzar en la imprescindible reforma judicial en el país. El diagnóstico es común: persiste una crisis severa del sistema de justicia, cuyos operadores en general no son independientes. No habrá justicia, pues, sin una reforma a fondo del sistema.
La crisis en la administración de justicia no es nueva. Constituye, más bien, una huella estructural del Estado de derecho boliviano. En democracia se hicieron diferentes esfuerzos por reformar el sistema judicial, algunos robustos, a fin de que jueces y fiscales no estén sometidos al poder político de turno. Para el efecto se ejercitaron varias modalidades de elección de las altas autoridades del Órgano Judicial y del Tribunal Constitucional. Todas ellas mostraron boquetes. La crisis permanece.
El reciente informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) sobre los hechos de violencia y, en especial, del masivo e inaceptable catálogo de vulneración de derechos humanos en el periodo de septiembre a diciembre de 2019, nos puso como país ante un espejo deforme de injusticia. Policías, fiscales y jueces conforman un triángulo perverso que, invariablemente, sea cual sea el gobierno, muestran el peor rostro de un sistema muy deteriorado que está lejos de administrar justicia.
Entre sus 36 recomendaciones, el mismo informe del GIEI plantea varias sugerencias orientadas a garantizar la independencia del sistema de justicia en Bolivia. Ello implica no solo adecuar varias normas, procedimientos y estructuras (incluidas policiales y militares), sino también garantizar la independencia funcional y externa de los jueces y fiscales, así como garantizar investigaciones transparentes con respeto al debido proceso. Tal reforma estructural, por supuesto, requiere voluntad política.
Luego de dos intentos fallidos, el Gobierno central, a través del Ministerio de Justicia, planteó una nueva agenda de reforma del sistema judicial. Y se dio 90 días para recibir propuestas, aunque sin plazo para la reforma misma. La oposición respondió con escepticismo y críticas, pues en su criterio el tema esencial pasa por cambiar primero a los operadores del sistema, empezando por el Fiscal General del Estado, de oscura actuación en el gobierno de Morales, el régimen de Áñez y ahora en la gestión de Arce.
¿Se puede avanzar en una reforma del malogrado sistema de justicia, en el cual no confía la mayoría de la población, en un contexto de polarización política atizado por varios juicios de responsabilidades? Los actores políticos, empezando por el Ejecutivo, tienen el enorme desafío de impulsar un proceso de reforma participativo y creíble que conduzca a un gran acuerdo nacional por una justicia justa, transparente e independiente. Que avance la reforma sin paralizar o condicionar la exigencia de justicia.
