Una de las formas más eficaces de demorar el desarrollo de cualquier sociedad es permitir que la población más joven se vea obligada a descuidar su formación y las actividades propias de su edad para dedicarse a tareas de personas adultas. El embarazo y la posterior crianza es la más común y antigua de esas formas, y a pesar de los avances, parece imposible ponerle un freno.
Según datos del Ministerio de Salud, solo en 2020 se registraron más de 40.000 embarazos en adolescentes, es decir cada día aproximadamente 109 mujeres menores de 18 años registraron su gestación en diferentes lugares del país. La cifra, sorprendente de por sí, corresponde únicamente a los embarazos que son de conocimiento del sistema de salud pública del país; es difícil saber cuántos otros embarazos quedan sin registrarse.
Según datos del Fondo de Población de Naciones Unidas (UNFPA) divulgados en 2017, Bolivia tiene una tasa de embarazo adolescente de 116 por cada 1.000; ese año, detrás de Bolivia se encontraban Honduras, donde 101 adolescentes dan a luz por cada 1.000, y Venezuela, con 95 casos en cada millar de mujeres; el promedio regional es de 77 por cada 1.000.
Si se considera que la población de entre 10 y 19 años en el país representa aproximadamente una quinta parte del total de habitantes, y que de entre esas personas aproximadamente una de cada cinco está embarazada o ya ha sido madre, se puede apreciar de mejor manera por qué debe causar profunda preocupación. Si bien las cifras del año pasado son menores a las de, por ejemplo, hace una década, sigue siendo una tarea pendiente del Estado.
Según diversas fuentes, el embarazo en la adolescencia pone en riesgo la salud de la mujer, la continuidad de sus estudios y el desarrollo pleno de sus proyectos de vida; un informe del UNFPA añade que “se trata de una maternidad solitaria y bajo presiones y estigmas que suelen reproducir círculos de pobreza”. Los varones raramente ven sus perspectivas recortarse de la misma manera, incluso cuando se hacen cargo de su parte en el embarazo.
Diversas fuentes, incluyendo antiguas autoridades del Ministerio de Salud, señalan que el problema en Bolivia no es tanto la falta de acceso a métodos de prevención del embarazo cuanto a información oportuna, confiable y suficiente. Se han puesto en marcha programas de toda índole, orientados a resolver la falta de información, pero también a construir la autoestima de los y las adolescentes para que afronten mejor los dilemas de su sexualidad, mas los resultados siguen siendo exiguos.
Urge, pues, renovado compromiso con este y otros temas que hacen a la formación y las condiciones de vida de un segmento de la población que es de una importancia estratégica fundamental a la luz de fenómenos como el “bono demográfico”, pero además porque seguir descuidándolo implica dejar que las nuevas generaciones lleguen a la adultez con grandes vacíos, carencias y necesidades no resueltas.
