La situación de los derechos humanos (DDHH) en Bolivia es preocupante. No solo porque las garantías constitucionales a menudo son ignoradas y vulneradas por los agentes del Estado, sino también, y sobre todo, porque las instituciones llamadas a defender y promover derechos entre la población están fallando en su misión. El caso de Amparo Carvajal es apenas un síntoma de este mal.
Ya en noviembre de 2019, después de los sangrientos sucesos ordenados (o al menos permitidos) por el gobierno de transición, llamó la atención que la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB) no hubiese emitido ningún tipo de pronunciamiento. Este silencio cómplice con los excesos de un gobierno de constitucionalidad dudosa se extendió durante todo el periodo de transición y solo terminó cuando la presidenta de la Asamblea publicó, de manera inconsulta, un pronunciamiento en defensa de los militares responsables de las masacres.
Más tarde, la misma presidenta (cuyo mandato a la cabeza de la APDHB debía durar de 2016 a 2018 y sin embargo sigue vigente) salió en defensa de la ahora detenida preventiva expresidenta transitoria, incluso con solitarias manifestaciones callejeras, y hasta viajó a Cochabamba a dar su apoyo a la Resistencia Juvenil Cochala, claramente identificada como grupo irregular en el informe del GIEI sobre los trágicos hechos de noviembre de 2019. En ningún momento mostró lástima ni solidaridad con las víctimas de quienes ahora defiende.
Pero el problema no es solo de la ahora polémica activista, que como personaje mediático le pone rostro, pero también simplifica un debate mucho más extenso y profundo, sino de toda la institución, fundada a inicios de la década de 1970 por Carvajal, junto al asesinado Luis Espinal y otros activistas de enorme talla moral. Es inexplicable que toda la Asamblea haya permitido que el mandato de su presidenta se haya extendido por más de dos años y mucho más que hubiese guardado el ya señalado silencio cómplice.
El “vicepresidente en funciones” de la Asamblea lleva meses insistiendo en que Carvajal usurpa funciones, aparentemente sin darse cuenta de que él está en la misma situación. La solución, evidente para cualquiera, es convocar a la brevedad posible a una reunión nacional de la APDHB y sus asambleas departamentales, para elegir nuevas autoridades y reconducir el trabajo, pues lo sucedido en los últimos dos años será visto como un agujero negro en la historia de la benemérita institución.
Quienes sí celebran el estado de postración de la APDHB, y sacan provecho de la situación, son las fuerzas políticas y el Estado; las unas porque emplean el discurso de DDHH como arma de combate y el otro porque no hay quién le ponga freno a sus pequeños y grandes excesos. En el camino, es la población la que queda desprotegida y a merced de los apetitos de unos cuantos que tienen poder e influencia, pero no respeto por las y los demás.
