El Gobierno está trabajando en la reglamentación de la devolución total o parcial de aportes a las AFP. Esta es una medida justificada por las urgencias económicas que muchas personas tienen debido a la contracción provocada por la crisis sanitaria. Sin embargo, se recomienda mucha prudencia en su aplicación por sus impactos futuros en la estabilidad financiera del Estado y de los propios ciudadanos.
Hace unos días se ha promulgado la ley que establece una devolución total o parcial de aportes que las personas habrían realizado a las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP). La norma ha establecido ciertas limitaciones prudenciales que impiden que esos retiros desestabilicen el sistema de jubilaciones. No se trata, por lo tanto, de un retiro indiscriminado de fondos.
El objetivo de esta decisión es aliviar las necesidades financieras de los que habrían sido afectados por la disminución de actividades económicas o pérdida de empleo debido a la crisis del COVID-19. La idea básica es que esos recursos frescos podrían ser utilizados para reactivar emprendimientos o cubrir algunos gastos urgentes de los ciudadanos. Aunque estas justificaciones son entendibles, se trata de una medida de emergencia que no debería repetirse debido a sus posibles impactos en la estabilidad macroeconómica y en la sostenibilidad de largo plazo de las jubilaciones de las personas.
En primer lugar, hay que tomar en cuenta que cualquier disminución de los montos ahorrados en las cuentas individuales de los aportantes a las AFP repercutirán en el mediano o largo plazo en jubilaciones más bajas para esos ciudadanos. Es decir, alivio financiero en el corto plazo, pero posibles problemas en el futuro.
Por otra parte, tampoco se debe olvidar que esos recursos están siendo utilizados para financiar a algunas empresas en la bolsa de valores y al propio Estado mediante la compra de bonos de deuda pública. Es decir, disminuirlos drásticamente podría complicar la disponibilidad de financiamiento que es indispensable para la reactivación o para solventar el gasto público contra la pandemia.
Por tanto, excederse en esta política únicamente para responder a las demandas de apoyo de algunos sectores podría tener costos elevados ahora y en el futuro. Es el caso de Chile, donde ya están discutiendo un cuarto retiro de aportes que podría dejar a millones de personas sin jubilación y afectar negativamente todo el mercado de capitales en el vecino país. Varios economistas, de diversas orientaciones políticas, han alertado ante esa posibilidad.
En resumen, la ley aprobada en Bolivia contiene limitaciones prudenciales positivas. Es una acción razonable. Sin embargo, no parece recomendable que se prolongue por mucho tiempo ni que se amplíe sin una evaluación muy seria de sus implicaciones. De igual manera, es crucial que los propios ciudadanos reflexionen más de una vez antes de decidir retirar sus fondos. Lo aconsejable es que solo se lo haga si existe una verdadera emergencia o una posibilidad de inversión productiva viable.
