El caso de la senadora Andrea Barrientos, hasta el viernes pasado jefa de bancada de Comunidad Ciudadana (CC), muestra en vitrina pública lo que era evidente puertas adentro: una “alianza” a la deriva. En este caso se castiga no solo el derecho a la disidencia, sino también la libertad de opinión. Se trata de una práctica autoritaria presente en todas las organizaciones políticas.
En una intervención en el marco del debate legislativo, dirigiéndose al presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, la senadora opositora afirmó: “Yo le he dicho, mil veces, que nosotros tenemos más coincidencias con el MAS que con Creemos”. Si lo dijo mil veces, ciertamente no se trata de un desliz verbal o de un “error”, sino de una convicción. Barrientos fue más lejos al declarar que quiere que “al presidente Luis Arce le vaya superbién”, y que el ministro de Justicia, Iván Lima, le cae muy bien.
Lo que pudo pasar como una expresión democrática propia del intercambio entre actores políticos, pronto se convirtió en una feroz campaña de condena en redes sociales y en algunos medios de la oposición. Hubo reprobación y censura también de dirigentes políticos, como Luis Fernando Camacho, que dedicó un largo hilo en Twitter “sobre las coincidencias entre CC y el MAS” (sic). Incluso algún diputado de CC, de manera airada y vulgar, descalificó a su colega de bancada. Se trató de un asedio en forma.
En lugar de reafirmar su derecho a expresarse libremente y, en su caso, a plantear una posición no necesariamente compartida por la cúpula de su organización política, la senadora Barrientos cedió a la presión y pasó a desdecirse: señaló que sus palabras fueron sacadas de contexto, difundió mensajes de ataque contra el MAS y, asumiendo que había cometido “errores”, renunció a la jefatura de bancada. Vaya autosanción, consagrada pronto por CC en un comunicado apartándose de las declaraciones de Barrientos.
Más allá del revelador episodio, surgen al menos dos cuestiones para el debate. La primera es que la “alianza” Comunidad Ciudadana (en realidad hoy el grupo de Mesa con la sigla del FRI) está a la deriva, sin presencia territorial en gobernaciones y municipios, sin proyección como partido político, sin liderazgo y restringida al activismo en la Asamblea Legislativa. Es una mala noticia para la oposición y para la competencia democrática. Más aún con estas muestras de intolerancia y autoritarismo.
La otra cuestión es que, por supuesto, la ausencia de democratización y de debate interno marca no solo a CC, sino en general a todas las organizaciones políticas, empezando por el gobernante MAS-IPSP y la alianza Creemos. Todos ellos han demostrado que cualquier expresión contraria a la línea oficial del patriarca o de la cúpula dirigencial es rápidamente descalificada, condenada e incluso penalizada por “traición”. El caso Barrientos, pues, constituye una interpelación a todo el sistema político.
