La semana pasada se ha realizado en México la cuarta Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), donde una vez más el tema principal fue la crítica a la Organización de Estados Americanos (OEA) y la consideración de la necesidad de reemplazar al organismo hemisférico. La existencia de la Celac es evidencia de la voluntad de hacerlo, pero no será fácil.
Previsiblemente, los más vocales en contra de la OEA y su Secretario General fueron los altos dignatarios de Bolivia, Cuba, Venezuela, Nicaragua y El Salvador, todos ellos cuestionados por el organismo multilateral con sede en Washington, EEUU. El caso de Bolivia y el triste papel que desempeñó la misión de observación electoral en octubre de 2019 ocupó gran parte del debate en la plenaria, precisamente por ser el más reciente caso de injerencia con efectos en la política interna del país.
También se habló del modo en que las resoluciones de la OEA han afectado sistemáticamente a Cuba desde hace décadas; de hecho, la creación de la Celac hace poco más de un lustro estuvo inspirada en permitir una actuación plena del Estado cubano y excluir a EEUU y Canadá por tener tan pocas coincidencias con los países latinoamericanos y caribeños, en materia de desarrollo económico, pero también ideológicas.
En el caso de países como Venezuela, Nicaragua y El Salvador, la resistencia a la OEA tiene que ver con las críticas que la Asamblea General viene haciendo al modo en que se están transformando y recortando las prácticas democráticas. En Venezuela, la situación llegó a tal punto que un político opositor sin mandato popular fue reconocido como “Presidente en funciones”, pese a que nunca desempeñó actividades de mandatario.
En Nicaragua y El Salvador, la cosa es un poco diferente: en ambos países los presidentes están haciendo importantes esfuerzos por asegurar su continuidad en el poder, incluso si ello requiere transformar la Constitución Política, o al menos ignorar sus mandatos, así como recortar derechos civiles y políticos, a menudo de manera violenta, como viene sucediendo en Nicaragua, donde los líderes opositores han sido encarcelados en nombre de una discutible ley contra el terrorismo y la sedición.
Los presidentes de Uruguay y Paraguay fueron los encargados de poner estas cuestiones sobre la mesa de debate, cuestionando severamente la falta de libertades en Cuba y Venezuela, al extremo de que el Presidente venezolano retó a ambos a sostener debates públicos sobre democracia en el continente, aunque evidentemente es poco probable que tal cosa suceda.
La Celac tiene, pues, el enorme reto de convertirse en un organismo multilateral que recoja, como hizo la OEA en 1948, las ambiciones de paz y prosperidad de sus Estados miembros, así como visiones compartidas sobre derechos humanos y democracia. No será fácil, ni mucho menos rápido, pero tal vez sea posible que con voluntad política emerjan condiciones para su consolidación.
