Desde mayo de 2013, la Ley 376 establece un reconocimiento pecuniario a los ciudadanos que ejercieron la presidencia y vicepresidencia constitucional del Estado. Con ocho años de retraso, algunos operadores mediáticos de la oposición descubrieron que un expresidente tiene derecho legal al beneficio. En su momento, el asunto fue objeto de debate político y hubo decisión legislativa.
La mencionada Ley 376 otorga un reconocimiento pecuniario equivalente a 10 salarios mínimos mensualmente a favor de los expresidentes y exvicepresidentes del Estado. El beneficio se recibe de manera vitalicia. Para acceder al mismo, es necesario hacer una solicitud formal ante el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. El único requisito es un documento oficial que certifique el periodo correspondiente de ejercicio del mandato constitucional. Parece un trámite sencillo.
Con este aval legal, los expresidentes y exvicepresidentes constitucionales que hayan realizado la solicitud reciben mensualmente el beneficio. Sería el caso de Jaime Paz Zamora, Jorge Quiroga, Carlos Diego Mesa, Eduardo Rodríguez Veltzé, Evo Morales, Víctor Hugo Cárdenas y Álvaro García Linera (los otros expresidentes y exvicepresidentes constitucionales han fallecido y uno fugó del país). Cada uno de ellos puede decidir libremente si accede al reconocimiento pecuniario y cómo lo utiliza.
Así pues, resulta curioso que algunos operadores mediáticos del campo opositor cuestionen el derecho que tiene un expresidente constitucional, como Evo Morales, de acogerse al beneficio. Y hagan “noticia” de ello. Cierto que Morales declaró en 2007 que no iba a “percibir ningún salario” cuando abandone Palacio de Gobierno, pero hay una ley vigente desde 2013 que dispone el beneficio. Y lo que haga el expresidente con su renta, como donarla o no para ollas populares, es decisión propia.
Por otra parte, se cuestiona que la expresidenta del régimen provisorio, Jeanine Áñez, no reciba el reconocimiento pese a haberlo solicitado. Al parecer no tiene forma de acreditar su condición de “expresidenta constitucional” luego de su autoproclamación en noviembre de 2019 ante una Asamblea Legislativa sin quórum. Es evidente también que el actual Ministerio de la Presidencia difícilmente otorgará la certificación requerida al considerar que el derrocamiento de Morales fue resultado de un golpe.
Más allá de la obsesión que provoca Evo Morales en algunos actores opositores, el reconocimiento pecuniario para los expresidentes y exvicepresidentes constitucionales debiera ser objeto de información pública y transparente. Al ser un asunto de interés público e implicar el uso de recursos del Tesoro General, por supuesto también debe ser objeto de deliberación en cualquier momento. Las rentas vitalicias son demasiado importantes como para dejarlas libradas a la hipocresía y la maledicencia selectiva.
