Hoy se recuerda un año de la posesión de Luis Arce Catacora como presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, luego de haber sido electo con poco más del 55% de los votos en la elección de octubre de 2020 que devolvió al país a la senda democrática. Es previsible que en su discurso de hoy el mandatario haga énfasis en los logros y avances, pero también hay sombras.
El más notable de los resultados del primer año de gestión ha sido sin duda el asegurar vacunas para el 100% de la población en edad de recibir el inmunizante contra el COVID-19. Lamentablemente el enorme esfuerzo de importar millones de vacunas no fue completamente acompañado por las instancias llamadas por ley a vacunar a la población, así como algunos tropiezos en la distribución de las dosis.
También merece destacarse el esfuerzo puesto en estabilizar la economía, severamente dañada no solo por un año de mal gobierno, sino fundamentalmente por la pandemia que obligó al gobierno transitorio a adoptar medidas que ayudaron a mantener a la población confinada, retrasando la organización de movilizaciones y otras medidas de protesta, pero causando el estancamiento económico y otros daños importantes a la sociedad.
Esas fueron dos de las promesas que hizo el presidente Arce en su discurso inaugural hace un año; la tercera, que es el gran pendiente, fue revertir la crisis política. El mandatario recibió el Gobierno de un país profundamente dividido, pero a pesar de la contundencia de su victoria no logró hasta ahora tomar la iniciativa en cuestiones políticas.
Es probable que en este ámbito el mayor déficit esté en todas las actividades que tienen que ver con la comunicación: desde el imprescindible diálogo con los sectores que deben ser persuadidos de apoyar las políticas públicas, y mucho más con quienes se oponen a estas sin mayor argumento que unas cuantas consignas elaboradas por el ala más reaccionaria de la oposición, hasta las tareas de difusión informativa de los planes, necesidades y decisiones adoptadas.
Finalmente, la más importante de las tareas pendientes está en la reforma de la justicia, necesidad claramente identificada ya hace muchos años y que desde octubre de 2020 tiene visos de urgencia, pues el descalabro del sistema jurídico, sumado a un uso instrumental del Ministerio Público y los juzgados, lejos de proveer justicia a la sociedad, particularmente a quienes más la necesitan: las víctimas de los abusos y vulneraciones de los DDHH, se ha convertido en una ineficiente maquinaria de control.
Es deseable que el Gobierno que hoy cumple un año recupere no solo la enorme legitimidad conferida por la mayoritaria votación, sino sobre todo la iniciativa política; lidiar con una oposición carente de iniciativas políticas pero bien articulada en torno a prejuicios y falsedades ampliadas por sus operadores mediáticos requiere mucho más que la agresividad del núcleo duro del MAS y sus organizaciones.
