De acuerdo con el Diccionario de la Lengua, valor, en su acepción filosófica, es “cualidad que poseen algunas realidades, consideradas bienes, por lo cual son estimables”. La democracia, o el espíritu que la inspira, es uno de ellos, y sin embargo hoy parece estar ausente no solo de la conciencia de la sociedad en general, sino fundamentalmente de líderes y dirigentes.
Días atrás señalábamos en este mismo espacio que la famosa encuesta anual que realiza la Fundación Latinobarómetro evidencia que en América Latina hay un claro retroceso en la estima que merece la democracia entre los pueblos, sobre todo cuando se pide a las personas elegir entre este modo de gobierno y la estabilidad económica. Está claro, pues, que actualmente hay otros valores más estimados que el “gobierno del pueblo”.
Este preocupante retroceso se percibe en Bolivia, especialmente después de noviembre de 2019, cuando a una parte de la población no pareció molestarle en absoluto que un Presidente constitucionalmente electo sea forzado a renunciar antes de terminar su mandato, lo mismo que con las persecuciones judiciales y extrajudiciales desatadas y, peor aún, con los asesinatos (la CIDH les llamó masacres) cometidos por fuerzas militares por instrucción del Ejecutivo.
En los días de crispación que vive el país, algunos dirigentes cívicos, que no gozan de legitimidad alguna pues los comités cívicos son instituciones privadas sin representatividad social, se han dado el lujo de convocar a “tumbar” al Presidente electo hace poco más de un año con el 55,1% de los votos. Lo mismo que una delirante asambleísta que propuso cerrar la Asamblea Legislativa Plurinacional, escenario donde la oposición no obtiene más que derrotas.
En el oficialismo tampoco parece sobrar el espíritu democrático, pues aparte de algunas voces sensatas (y necesarias) hay una idea generalizada de que la votación obtenida en octubre de 2020 es suficiente para imponer el monopolio de su ideología. Las reacciones, viscerales y violentas en algunos casos, contra las manifestaciones opositoras son la evidencia de la poca estima en el esfuerzo necesario para negociar, persuadir y convencer a quienes piensan diferente.
Lo más irónico del momento que vive el país es que poner en cuestión la legitimidad del gobierno electo implica hacer lo mismo con las victorias electorales obtenidas en la Gobernación de Santa Cruz o en el municipio capital de Cochabamba, por citar solo dos ejemplos notables. Seguir alimentando esa idea solo puede producir más violencia y profundizar la desinstitucionalización del Estado en su conjunto.
Es necesario, pues, que autoridades, dirigentes políticos, organizaciones de la sociedad civil y la sociedad en general vuelvan a abrazar el valor democracia, si no como una forma de celebrar y profundizar la diversidad boliviana, siquiera como una estrategia de sobrevivencia para el mediano y largo plazos. Seguir erosionando la democracia, en las instituciones y en la conciencia de los individuos, solo puede conducir a más días de luto, dolor y retroceso para el país.
