Caminaron 37 días desde Trinidad hasta su arribo a Santa Cruz de la Sierra. Partieron sin decisión orgánica de sus entidades matrices y llegaron arropados por la oposición cruceña. Exigieron reunirse con los presidentes de los cuatro órganos del poder público, pero solo lograron conversar con el gobernador cruceño. Dos meses después, en soledad, retornaron a sus territorios.
La marcha indígena por “Territorio, identidad y cultura” recorrió más de 500 kilómetros, nada menos, desde que partió de la capital beniana. La razón de origen era la defensa de su territorio. En el camino los marchistas fueron ganando adeptos y definiendo sus demandas. Pocos días después de su arribo a la capital cruceña tenían un pliego petitorio de 15 puntos. La parte final del trayecto, y sobre todo su llegada a Santa Cruz, tuvo muchos reflectores mediáticos y algunos padrinos políticos.
Al igual que anteriores marchas indígenas, algunas fundacionales como la “Marcha por la Dignidad y el Territorio” de 1990, la reciente marcha de pueblos indígenas de tierras bajas se asumió como un mecanismo pacífico para hacerse visibles ante los poderes públicos, en especial el gobierno central, y exigir su reconocimiento como sujetos, la defensa de sus territorios, el respeto de sus derechos colectivos. En el actual contexto, de algún modo se trató de una interpelación al Estado Plurinacional.
Más allá de que esta marcha no haya respondido a un mandato orgánico e implique una división de las organizaciones indígenas, los temas que finalmente fueron planteados como pliego expresan una larga acumulación de demandas. Así, están cuestiones recurrentes como tierra y territorio, otras estructurales como la representación directa y el proceso de autogobierno indígena, algunas de carácter normativo y financiero, y otras más bien específicas vinculadas a la provisión de servicios. Hay de todo.
El problema de la marcha indígena 2021 es que se distorsionó rápidamente y fue cooptada por la oposición cívica y política en su disputa contra el oficialismo. En poco tiempo, los marchistas fueron declarados “nuestros indígenas” (sic) por quienes suelen ignorarlos o despreciarlos. El gran recibimiento de la marcha en Santa Cruz, por supuesto, fue instrumental. Había que sumar demandas y conflictos contra el Gobierno. Cuando ya no hicieron falta, volvieron al olvido, como sus demandas legítimas.
El otro error de los marchistas fue su maximalismo. De entrada, exigieron reunirse con el presidente Arce, el vicepresidente Choquehuanca y los presidentes de los órganos Judicial y Electoral. Eran ellos o nada. Así, rechazaron la comisión designada por el Gobierno para negociar sus demandas, que finalmente se canalizaron parcialmente por fuera del “Parlamento de Naciones Indígenas”. Sin diálogo, la marcha tuvo que replegarse. Es lamentable que, más allá de su valor testimonial, haya sido una marcha fallida.
