La controversia sobre el nuevo Plan de Desarrollo 2021-2025 llevó a la apertura de un saludable diálogo entre las autoridades del Gobierno central y las representaciones de los gobiernos autónomos subnacionales. Ha sido además la demostración de que hay muchos problemas que se pueden aclarar y resolver mediante la escucha y la persuasión. Es tiempo de que se persista en esa vía.
Por algunos días, parecía que se iba a abrir un nuevo conflicto en torno a la supuesta inconstitucionalidad del Plan de Desarrollo Económico y Social 2021-2025, protagonizado por los gobiernos autónomos municipales y departamentales y las universidades públicas. Los interesados en azuzar la confrontación y polarización ya se estaban frotando las manos.
Más bien, el Gobierno ha actuado con mayor rapidez que en otros casos, abriendo diversos espacios de explicación y de diálogo con los que supuestamente se sentían afectados por esa norma. En ese marco, fue muy alentadora la convocatoria a los 10 alcaldes de los municipios más grandes del país, varios de los cuales son connotados opositores al oficialismo.
La respuesta de las autoridades locales fue también positiva: todos asistieron a la reunión. En la misma, al parecer se despejaron las susceptibilidades y observaciones más preocupantes acerca del plan y se anunció la creación de mesas de trabajo técnicas para tratar temas de la agenda de coordinación y colaboración entre los tres niveles de gobierno territorial.
La convocatoria al Consejo Nacional de Autonomías por parte del presidente Arce, en el cual deberían participar los nueve gobernadores y otras representaciones de las autonomías, podría ser un paso más para seguir en una ruta de conversación sobre los problemas del país y no de confrontación improductiva. Ojalá exista la misma voluntad de todas las partes para participar y respetarse entre sí.
Estos eventos nos indican nuevamente que muchos problemas se resuelven o al menos se mitigan simplemente con hablarlos abiertamente, escuchar las opiniones del otro y apelar a la persuasión con argumentos para lograr acuerdos. Esto no es menor considerando el ambiente tóxico en el que la política se está desenvolviendo. Ha sido un buen punto para las autoridades del Gobierno central y de las autonomías que han contribuido a que esto sea posible.
La otra lección tiene que ver con la separación que los protagonistas de la política deberían acostumbrarse a ejercitar entre sus roles partidarios y sus responsabilidades como gestores públicos. Presidente, ministros, gobernadores o alcaldes son autoridades electas que representan a todo el Estado, que sirven a los ciudadanos sin ninguna distinción y que tienen la obligación de hablar y concertar acciones colaborativas en función del bien colectivo. Obviamente, en otros momentos tienen todo el derecho de pelearse y discutir entre sí, pero sin que eso contamine lo otro.
