El escandaloso caso de corrupción pública denominado “ítems fantasma” constituye un severo revés para la oposición en general y para una parte del liderazgo cruceño en especial. No es casual por ello que se haya politizado rápidamente. Urge que se realice una investigación seria e imparcial para el esclarecimiento inequívoco del caso con sanción de todos los responsables.
La red de corrupción de los ítems, con centro en la alcaldía de Santa Cruz de la Sierra (la más grande del país), operó durante varios años sin que surgiera ninguna sospecha o alerta en las diferentes instancias involucradas. Solo se conoció como denuncia, ahora bajo pesquisa del ministerio público, debido a una disputa por bienes entre el principal involucrado y su exesposa. No es un caso menor: 800 ítems suplantados, nada menos, en un esquema piramidal que implicó la participación de muchas personas.
Más allá del alcance que tendrá este hecho y sus operadores y beneficiarios directos e indirectos, un efecto inmediato ha sido el uso instrumental para fines políticos. El partido de gobierno actuó velozmente, aprovechando el caso para atacar a la oposición. Por su parte, jefes partidarios y voceros opositores no encontraron mejor descargo que… ¡culpar al MAS! Es de no creer, aunque tal actitud se apega estrictamente al guion de la polarización política. No importa la justicia, sino a quiénes se acusa.
Más allá de la inútil disputa política, es evidente que la magnitud de la corrupción asociada al esquema de “ítems fantasma” lesiona en particular a la institucionalidad cruceña y una parte de su liderazgo. No es casual que autoridades y políticos de Santa Cruz, como el gobernador Camacho, asuman una posición defensiva ante la denuncia y su investigación. Tampoco es casual el silencio de algunos operadores mediáticos o su resistencia a hablar de corrupción, calificando el hecho como “irregularidad” (sic).
Por ahora el caso tiene como investigada a la exalcaldesa en ejercicio del municipio cruceño, Angélica Sosa, además de otras 27 personas. Son curiosos los vínculos. Sosa es defendida por el ex ministro de la Presidencia del régimen de Áñez. El principal implicado en el caso fue contratado el 2004 por el alcalde interino Rómulo Calvo, actual presidente del Comité Cívico. La denunciante fue “hostigada” para renunciar a la gobernación de Camacho tras destapar la “red brutalmente grande” de corrupción.
A reserva de cómo evolucione el caso y del esclarecimiento de todas sus ramificaciones e implicados, los ítems suplantados constituyen una interpelación a la persistente corrupción en la administración pública, en diferentes niveles. Queda en evidencia también la falta de mecanismos eficientes de control y de fiscalización. ¿Cómo es posible que durante tanto tiempo 800 personas hayan estado contratadas con ítems en la alcaldía cruceña sin siquiera asistir a trabajar? Aquí hay fantasma escondido.
