El Presupuesto General del Estado (PGE) ya fue aprobado por la Asamblea Legislativa Plurinacional. Este instrumento debería orientar una nueva etapa en la que se consolide la reactivación económica y se sostenga el esfuerzo fiscal para financiar la lucha contra la pandemia y para normalizar la educación pública.
El PGE 2022 propone una tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) de 5,1% para el próximo año, una tasa de inflación de 3,4% y un déficit fiscal de alrededor del 8% del PIB, algo por debajo del proyectado para este año.
La inversión presupuestada es de $us 5.015 millones, casi unos 1.000 millones más que lo planificado para 2021. El 42% de esa inversión será destinada al sector productivo con el objetivo de reactivar la economía y acelerar la sustitución de importaciones. Por otra parte, se mantiene el esfuerzo en el área social con una asignación de 10% del PGE consolidado para el sector salud y de 11% para educación.
La proyección que hace el Gobierno del crecimiento para la próxima gestión parece prudente, apuesta a mantener grosso modo el mismo nivel que se desea lograr en este año. Para eso, se le sigue asignando un rol protagónico a la inversión pública, particularmente en el sector productivo.
El gasto público seguirá creciendo el próximo año, lo cual se traduce en un desequilibrio fiscal que sigue bastante elevado, aunque levemente menor al de 2020 y al previsto para este año. Esa situación exigirá seguramente gestiones especiales de las autoridades para financiar esos desajustes sin poner en riesgo otros equilibrios macroeconómicos. Esto último será uno de los grandes desafíos de los responsables de las finanzas públicas el próximo año.
Por otra parte, presupuestar un gran monto de inversión no es lo mismo que ejecutarlo oportunamente y con resultados. La tendencia de ejecución de este año ha sido más bien mediocre, quizás por tratarse de un gobierno y autoridades en su primer año de gestión: hay varios sectores e instituciones en los que no se ha percibido mucho movimiento o dinamismo. Se esperaría que en la próxima gestión se ajusten los problemas, se fortalezcan capacidades y se acelere la implementación de las inversiones.
Otra cuestión pendiente es la calidad de los proyectos e intervenciones que se desea impulsar. En este momento, parece necesario apuntar a proyectos intensivos en mano de obra, considerando las urgencias sociales que nos está dejando la pandemia, y a programas de protección social de nuevo cuño. Habrá que ir viendo si esas serán finalmente las orientaciones de los programas y proyectos que concretarán el esfuerzo fiscal que propone el PGE.
En resumen, los retos del nuevo PGE tienen que ver con el financiamiento del déficit fiscal planificado, con la calidad de las inversiones públicas y con la capacidad del aparato estatal para ejecutarlas con eficiencia y eficacia.
